El pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha decidido negarse a divulgar los exámenes a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios investigados por sospechas de corrupción.
En una nota enviada al Instituto de Acceso a la Información (IAIP), los magistrados avisaron que la cúpula del Órgano Judicial decidió “no acatar la resolución” que le ordenaba entregar los informes.
Los argumentos para negarse a hacerlo son los siguientes: el estudio de las declaraciones patrimoniales es solo una de las fases del proceso de estudio sobre sospechas de enriquecimiento ilícito, por tanto, es necesario mantener reservada la información; debe resguardarse la presunción de inocencia y el derecho de defensa; si se divulga la información se violenta el derecho a la seguridad y la intimidad personal porque se expone información financiera de los sospechosos.
Pero los comisionados del IAIP rechazaron los alegatos. En un comunicado señalaron que la decisión de la Corte implica un retroceso en la lucha contra la corrupción y la transparencia, El Salvador incumple compromisos internacionales que asumió en la lucha contra los funcionarios corruptos y a favor de la transparencia, y finalmente verificará si los magistrados están incumpliendo la Ley de Acceso a la Información y si fuera el caso podría multarlos.
A mediados de febrero de 2017 el IAIP ordenó a la Corte Suprema entregar las declaraciones patrimoniales de los exfuncionarios José Belarmino Jaime, expresidente del Órgano Judicial; Carlos Quintanilla Schmidt, exvicepresidente de la República; Ana Vilma de Escobar, exvicepresidenta; Luis Mario Rodríguez, exsecretario Jurídico de la Presidencia, entre otros.
Muchos de los juicios por enriquecimiento ilícito que comenzaron en los años más recientes fueron gracias a la presión de los ciudadanos que querían conocer el incremento patrimonial de los funcionarios más destacados.