El expresidente Mauricio Funes le creó una partida secreta al expresidente Salvador Sánchez Cerén. Esto, según el periódico El Faro, sucedió cuando el primero era presidente y el segundo vicepresidente de El Salvador (2009-2014).
De acuerdo con El Faro, Sánchez Cerén tenía una cuenta secreta que estaba a nombre de Kelly Maribel Arévalo Rivera, una de sus asistentes desde los tiempos en que era diputado.
En esa cuenta bancaria desfiló casi un millón de dólares. Ahora la Fiscalía General de la República (FGR) investiga el paradero de ese dinero.
El 27 de abril de 2017, fiscales de la Unidad de Investigación Financiera, encargados de investigar los casos de lavado de dinero, entrevistaron a Arévalo Rivera. La cuestionaron sobre los casi 900 mil dólares que fueron depositados en su cuenta.
Arévalo Rivera explicó que el dinero lo recibía de la Secretaría Privada, dirigida por Francisco Cáceres (actualmente prófugo de la justicia), en concepto de caja chica a disposición de la Vicepresidencia. Aseguró que el dinero se utilizaba para becas, sillas de rueda, planchas de cocina y otras cosas «que la gente pedía».
Una de esas cuentas fue abierta en el Banco Hipotecario a nombre de Arévalo Rivera, es decir, una cuenta personal que recibió fondos públicos.
Por eso los fiscales investigan esas operaciones financieras como un presunto lavado de dinero. Arévalo Rivera explicó que cada mes recibía $1,800 para comprar café, papelería y pago de parqueos. También otros $12,500 mensuales para los gastos antes mencionados. Meses después de la entrevista, Sánchez Cerén trasladó a su asistente a un consulado en Canadá.
«Buscaron una manera distinta de manejar la partida de gastos reservados (Funes y Sánchez Cerén). Fue difícil rastrear, pero se estableció que el dinero se movió por cuentas particulares. El rastreo financiero establece que ellos (funcionarios) tenían el control de los fondos, aunque las cuentas no estuvieran a su nombre. Cuando seguimos las cuentas (bancarias) nos dimos cuenta que le sale una cola a Sánchez Cerén», dijo una fuente fiscal a El Faro.
La partida secreta de Sánchez Cerén
El presidente Salvador Sánchez Cerén continuó con prácticas que utilizó el expresidente Mauricio Funes con los gastos reservados del gobierno.
De acuerdo con otro reportaje de El Faro, publicado en agosto del año pasado, Sánchez Cerén colocó $147.96 millones en partidas secretas, es decir, en gastos que no son del conocimiento público.
El mal uso de esos fondos llevó a los expresidentes Elías Antonio Saca y a Mauricio Funes a ser procesados por delitos de corrupción. El primero de ellos confesó haber sustraído de esas partidas varios millones de dólares para beneficiarse personalmente.
En el caso de Sánchez Cerén, según el mismo periódico, utilizó mecanismos que usó Mauricio Funes para destinar dinero a partidas secretas.
Uno de esos mecanismos fue recortar dinero del presupuesto destinado a la presidencia para colocarlos bajo el sistema de gastos reservados. El segundo fue desviar dinero de préstamos para ponerlos bajo la misma etiqueta.
Estos mecanismos los implementó el expresidente Mauricio Funes luego que la Sala de lo Constitucional declarara, en el año 2010, inconstitucional la partida secreta. Según la Fiscalía, el dinero que Funes puso como dinero reservado lo desvió para enriquecerse ilícitamente.
Uno de los ejemplos de El Faro, para demostrar que Sánchez Cerén usó los métodos de Funes para mover dinero hacia partidas secretas, es que $1.5 millones que llegaron a la presidencia por un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) fueron destinados a gastos reservados.
Periodistas de ese periódico cuestionaron al exsecretario de Comunicaciones, Roberto Lorenzana, para que diera cuentas sobre el destino del dinero que Sánchez Cerén colocó en partidas secretas. La respuesta del exfuncionario fue que la “ley establece penas de cuatro a seis años de prisión por revelar esta clase de información”.
En junio del año pasado, el entonces fiscal general, Douglas Meléndez, detalló que los desvíos millonarios que Mauricio Funes realizó fueron avalados por el Consejo de Ministros entre los que estaba Salvador Sánchez Cerén.
La revista Factum publicó que Sánchez Cerén había ayudado a desviar $14 millones durante el gobierno Funes. El dinero fue depositado en una cuenta del Banco Hipotecario a nombre de Sánchez Cerén.
Foto: CAPRES.
Los gastos reservados
Carmen Elena Rivas Landaverde, presidenta de la Corte de Cuentas, anunció a finales del pasado mes de julio, que un equipo de peritos auditará los gastos reservados de la administración del exmandatario Salvador Sánchez Cerén.
En la entrevista de Pencho y Aída alegó que la ley faculta a la Corte para auditar los gastos secretos, sin importar que estén relacionados con el Organismo de Inteligencia del Estado, con planes de seguridad nacional o pública. Aclaró, sin embargo, que los resultados serán secretos. “Cometeríamos un ilícito si divulgamos información reservada”, afirmó.
Dijo, además, que en el proyecto de nueva ley de Corte de Cuentas, que actualmente está en consulta pública, ha propuesto que se pueda realizar una versión pública de los gastos reservados.
El pasado 29 de julio, Diario El Mundo publicó que la presidencia de Sánchez Cerén ocultó a la Corte de Cuentas cómo y en qué gastó U$38,553, 565.77 de su presupuesto del año 2018. Lo hizo alegando que puede amparar su secreto basado en la ley de creación del OIE. El 22 de junio de 2018 la Presidencia había declarado como reservados los gastos que se supone hace esa institución del Estado.
La partida secreta
En agosto de 2010 la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la partida secreta. Fue entonces que el entonces presidente Mauricio Funes creó un nuevo mecanismo para manejar fondos reservados. La sentencia establecía que el presidente de la República ya no iba a poder disponer de dinero destinado para gastos reservados, pues, según los magistrados constitucionalistas, todas las actividades del Estado son de orden público.
La misma sentencia establecía que todas las transferencias de dinero, de un ministerio a otro, debían ser avaladas por la Asamblea Legislativa. Entonces, Funes creó un sistema, según lo calificó la Fiscalía, “sofisticado” para seguir teniendo dinero para gastos reservados.
El gobierno de Funes creó oficinas contables. El mecanismo era el siguiente: el secretario Privado, Francisco Cáceres, le solicitaba al ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, millonarias cantidades de dinero para inversiones sociales, para gastos en comunicaciones y para financiar actividades del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE).
Pero nunca hubo una justificación detallada de los proyectos o actividades donde supuestamente se invertiría el dinero. Los millones se movían pero nunca hubo constancia de su destino. Las transferencias de dinero no se hacían por simple solicitud del secretario Privado. Había un acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros. En algunas ocasiones los ministros se reunían y avalaban el documento. En otras ocasiones lo aprobaban a través de correo electrónico.
Luego que el Consejo de Ministros aprobaba la transferencia de fondos, el dinero era movido a Casa Presidencial y era puesto bajo el concepto de gastos reservados. Después el dinero era movido a ocho cuentas que fueron creadas en el Banco Hipotecario a nombre de Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez (ambos encarcelados por participar en los actos de corrupción durante el gobierno del presidente Elías Antonio Saca).
De esas cuentas bancarias el dinero se extrajo en efectivo. La dinámica era la siguiente: Pablo Gómez llegaba los días miércoles al Banco Hipotecario y se llevaba el dinero en bolsas de basura color negro. Ese dinero, según la Fiscalía, el presidente Mauricio Funes y varios exfuncionarios lo lavaron en la compra de propiedades y en inversiones varias.
El expresidente Mauricio Funes está acusado por los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. Lo acusan por el saqueo de $351 millones de dólares. El expresidente Saca, por su parte, declaró en juicio que se benefició de los gastos reservados.
