La Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua nacionalizó al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, a su pareja Ada Mitchell Guzmán y a sus hijos Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Roberto Funes Caña. El acto de naturalización ocurrió este martes, según reportó el periódico La Prensa de Nicaragua.
La naturalización ya habría sido publicada en el Diario Oficial de Nicaragua, agrega el rotativo. Con dicho acto, Funes logrará evadir el pedido de extradición que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) envió meses atrás a su contraparte nicaragüense, para que responda en El Salvador por al menos cinco casos que abarcan delitos como lavado de dinero, evasión fiscal, sobornos y otros actos de corrupción.
El mismo Funes confirmó en su cuenta de Twitter el beneficio que le otorgó el gobierno de Nicaragua: “Con esto de la extradición cada día es más notorio que hasta Nayib se traba en discusiones estériles sobre un tema que desconoce. Ni hoy, ni en los primeros 100 días de su gobierno, ni en años la extradición será posible. La extradición está prohibida por la Constitución”, señaló.
En su tweet, Funes invocó el artículo 43 de la Constitución nicaragüense que sostiene: “Los nicaragüenses no podrán ser objeto de extradición del territorio nacional”. Recientemente, Funes publicó una fotografía en la conmemoración del 40 aniversario de la revolución que llevó a Daniel Ortega al poder en Nicaragua y resaltó los que consideró como «beneficios» de dicho acontecimiento, pese a los múltiples cuestionamientos internacionales que actualmente enfrenta el régimen orteguista.
Antes de tomar posesión de su cargo, el presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró que traería de regreso a El Salvador a Funes para que enfrente la justicia salvadoreña, antes que cumpliera 100 días como jefe de Estado. Dicha declaración lo llevó a enfrentarse en varias ocasiones con Funes a través de declaraciones cruzadas en la red social Twitter.
En agosto de 2016, la Fiscalía tuvo información que el círculo del expresidente Mauricio Funes estaba haciendo movimientos bancarios.
El exmandatario, por su parte, ya se encontraba tramitando asilo en Nicaragua. No solo para él, sino también para su familia. En un inicio lo negó. Aseguró que se encontraba en ese país por cuestiones de trabajo.
No obstante, días después, la información que había recibido la Fiscalía resultó cierta: el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político a Funes y a su familia.
El expresidente esgrimió que en El Salvador corría peligro su vida porque estaba siendo perseguido por la derecha y por la Fiscalía.
Fue en ese momento que el fiscal Douglas Meléndez, aún sin tener mayores indicios, ordenó que se allanara las propiedades del expresidente Funes y varios de sus amigos más cercanos.
El pasado mes de abril, el gobierno de Nicaragua respondió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador que el expresidente Mauricio Funes goza de asilo político.
Un mes después, en mayo, el periódico El Confidencial informó que Mauricio Funes es empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense y que gana $2,740 mensuales.
En los documentos que el periódico tuvo acceso no se especifica las labores que realiza el expresidente y, además, hay una dirección de su vivienda imprecisa: se dice que vive en “I etapa 2 cuadras 1 1/2 cuadra norte casa N°1”. Él, sin embargo, vive en el Reparto Las Colinas.
Un largo historial delincuencial
Mauricio Funes se encuentra prófugo de la justicia desde hace un año. En El Salvador acumula al menos cinco procesos penales. Todos por diversos delitos de corrupción.
El pasado 3 de abril, el juzgado Octavo de Paz de San Salvador ordenó capturar a Funes por el delito de evasión fiscal en perjuicio de la Hacienda Pública.
La orden de captura se formuló una semana después de que la Fiscalía acusara al exmandatario de no pagar más de $375,000 en impuestos en el período fiscal de 2014.
La Fiscalía empezó a ver irregularidades en los movimientos bancarios de Funes cuando detectó la emisión de varios cheques provenientes de una cuenta bancaria a su nombre, sin justificar la procedencia de los fondos de la misma.
Con esa acusación, Funes sumó la quinta orden de captura por delitos de corrupción.
Además de ese caso, Funes encara otros cuatro procesos judiciales. Por una parte, está señalado de participar en el “Caso Corruptela”, en el cual se procesa a una red de venta de justicia a cambio de dádivas al interior de la Fiscalía General de la República que dirigió Luis Martínez.
La Fiscalía también acusa a Funes de haber sobornado a Luis Martínez para no ser investigado por su participación en la negociación de la tregua entre pandillas y por la divulgación en televisión nacional de un documento protegido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
De la misma forma, Funes es requerido por la justicia salvadoreña por las anomalías ocurridas en la construcción de la represa El Chaparral. En este caso, al exmandatario se le acusa por peculado, mientras que a Ada Mitchell Guzmán, su compañera de vida, se le imputa el delito de lavado de dinero.
Asimismo se ha solicitado capturar a Funes para que responda por haber divulgado en televisión el Reporte de Operaciones sospechosas (ROS) que incriminó al expresidente Francisco Flores en el desvío de donativos del gobierno de Taiwán para los afectados de los terremotos de 2001.
Por si fuera poco, la Fiscalía anunció que tiene investigaciones abiertas contra Funes por supuestos pagos de sobornos a diputados para aprobar medidas favorables a su gobierno, según trascendió en unos audios publicados en una investigación de la revista digital Factum, lo cual podría acarrearle en un futuro una sexta orden de captura en su contra.