A principios de septiembre de 2013 Ricardo Perdomo, entonces ministro de Seguridad, inauguró el servicio de telefonía pública para el sistema penitenciario. Casi seis años después el Gobierno de Nayib Bukele renegó de esa prestación para los privados de libertad por considerar que innumerables veces pudo haber servido para ordenar crímenes.
Osiris Luna, director de Centros Penales, aseguró en una entrevista televisiva que en promedio diario salían hasta 10 mil llamadas telefónicas de esas cabinas que inauguró Perdomo; según él solo seis personas estaban encargadas de controlar lo que sucedía en esas líneas telefónicas. “Se canceló todo eso”, dijo.
Señaló, además, que cada uno de los privados de libertad tenía hasta 100 dólares mensuales para llamadas. Por el contrario, según su opinión, en la calle los ciudadanos tienen problemas para recargar 10 dólares. Agregó que desde esas cabinas telefónicas inclusive se hacían llamadas al extranjero.
No especificó si el Gobierno ya comprobó que de una de esas cabinas haya sido ordenado un crimen.
También dio a conocer que en los casi dos meses de funcionamiento del Gobierno de Bukele ya fueron interceptadas 1 mil 600 wilas o mensajes cifrados que se envían los pandilleros. No detalló qué dicen esos mensajes.
“Estamos controlando las cárceles para no salga ninguna comunicación hacia el exterior”, comentó.
Dijo que fruto de ese control en los centros penitenciarios su administración detectó que un grupo de pandilleros pretendían fugarse de una cárcel. Pero se evitó. “A las dos de la mañana tuvimos que hacer un movimiento estratégico”, contó.
También se quejó que encontró centros penitenciarios en los que la última requisa realizada fue hace tres años. Dijo creer que es consecuencia de las “mafias” que crecieron al abrigo de la tregua entre pandillas auspiciada entre 2012 y 2013 por la administración de Mauricio Funes.