La Comisión Política de la Asamblea Legislativa acordó elegir a los nuevos magistrados que administrarán en los próximos cinco años el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La presidenta será Dora Esmeralda Martínez de Barahona y su suplente René Abelardo Molina Osorio; a ambos los propuso GANA.
Julio Olivo Granadino, presidente saliente, fue reelecto como magistrado. Su suplente será Carmen Veraliz Velásquez Sánchez. Los dos son las cartas del FMLN.
Luis Guillermo Wellman Carpio fue elegido como magistrado a propuesta de ARENA y su suplente será Marlon Harold Cornejo Ávalos, a propuesta del PCN.
Los propuestos por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) son: Rubén Atilio Meléndez García y Noel Antonio Orellana y sus suplentes son: María Blanca Paz Montalvo y Sonia Clementina Liévano de Lemus.
La nueva presidenta del TSE fue fiscal auxiliar. Hasta el momento se desconoce que sea perito en materia electoral.
Wellman Carpio fue fiscal en los años 80, es decir, en medio de la Guerra Civil. En la siguiente década asumió como diputado suplente por Sonsonate desempeñándose en las comisiones de Legislación y Puntos Constitucionales así como en la Especial de Actividades Financieras. Del año 2000 a la fecha fue asesor de la fracción que lo propuso como magistrado.
Orellana, actual gerente de Operaciones Legislativas de la Asamblea, ha sido propuesto en la terna de la Corte Suprema de Justicia. Es cercano a ARENA y trabajó con Julio Gamero como asesor en la Comisión de Hacienda de la Asamblea.
Meléndez García es abogado con conocimientos de derecho electoral y constitucional. Fue colaborador jurídico de SERTRACEN, IDHUCA, consultor en temas de violencia juvenil, niñez y adolescencia, justicia laboral, protección de derechos humanos para discapacitados, y empleado del Tribunal Electoral como experto jurídico y como oficial de información.
El 13 de junio de 2014 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema prohibió a los diputados integrar el Tribunal Electoral con abogados que tengan militancia o relaciones con partidos políticos. El propósito, de acuerdo con la sentencia, es proteger los principios constitucionales de independencia judicial y la democracia representativa y republicana. Los magistrados también concluyeron que la afiliación político-partidaria es incompatible con la impartición de justicia.
La sentencia expulsó al entonces magistrado Eugenio Chicas del Tribunal.
Los magistrados establecieron como requisitos para la elección de los nuevos magistrados del Tribunal: verificar que los candidatos estén desvinculados de los partidos y de cualquier otra influencia que indique menoscabo de la independencia o subyugación a un poder.
En el proceso de sentencia la Fiscalía General de la República dijo que la independencia se establecía a partir del ejercicio de la función. Los magistrados concluyeron que ese criterio era inaceptable.