A mediados de junio de este año la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó a Davivienda a pagar 49 millones de dólares al caficultor Antonio Salaverría Borja por los daños que le causó el incumplimiento de un contrato de préstamo que ambos firmaron en el año 2007 y el embargo de sus propiedades que lo llevó a la bancarrota. Más de un mes después el banco sigue negándose a cumplir la sentencia alegando que los magistrados desarrollaron argumentos que no entiende por “oscuros”.
Mario Enrique Sáenz y Humberto Sáenz Marinero, abogados de la transnacional, presentaron un recurso a la Sala pidiendo aclarar diez puntos que su cliente considera incomprensibles. La Sala resolvió el recurso el 17 de julio en los siguientes puntos. El primero: por qué los magistrados condenaron a más de 49 millones de dólares cuando en la demanda inicial el reclamo por daños y perjuicios asciende a 22 millones 672 mil 764 dólares. “Permitir eso abre el precedente de que la fijación de la pretensión en una demanda no serviría para nada porque un tribunal graciosamente puede conceder más de lo pedido”, señalan.
Los abogados de Salaverría, como partes del proceso, alegaron que el aumento del monto incluye una actualización de los daños y se basa en los informes periciales. Mientras, los magistrados respondieron a la pretensión de Davivienda que esos argumentos ya están lo suficientemente claros en la sentencia y que, además, los cálculos se basaron en estudios de expertos financieros. “La petición (del empresario) no pudo ser definitiva porque se establece con prueba pericial”, agregaron.
En otro de los puntos los abogados cuestionan por qué la Sala excluyó del juicio debatir la existencia del contrato que dio origen a todo el litigio que duró más de once años porque, además, en un momento del largo juicio el banco alegó que nunca había aceptado prestar dinero. Es decir, tratan de poner en duda que Salaverría y Davivienda firmaron un contrato de préstamo.
Los magistrados, sin embargo, responden que el mismo banco ha reconocido la existencia del contrato cuando en uno de sus alegatos de defensa dijo que el mismo no se había prorrogado “lo cual demuestra una inconsistencia técnica en su defensa”.
También se cuestiona la naturaleza del contrato. Es decir: el préstamo lo hicieron los entonces City Bank, Banco Hipotecario y Davivienda y, basados en esto, la Sala argumenta que se trata de un contrato plurilateral. Los abogados, sin embargo, insisten en que es bilateral porque “por una parte están los bancos; y, por otra, la sociedad demandada”.
La conclusión de los magistrados es: solo es una mera inconformidad por la calificación jurídica del contrato. Pero la sentencia es clara.
Otra de las inconformidades es que no se tomó declaración a Gerardo Simán como representante del Banco. Tanto la abogada del Salaverría como los magistrados coincidieron en que ese era un alegato tardío, es decir, que pudieron haberlo hecho en las etapas anteriores del proceso pero no cuando ya hay sentencia firme.
¿Con qué pruebas la Sala sostiene que el Banco embargó la planta de transformación agroindustrial conocida como Beneficio El Molino, en Villa de Concepción de Ataco, Ahuachapán, provocando el cierre de operaciones y la posterior bancarrota de Salaverría?
La abogada del cafetalero señaló que el embargo fue documentado y que los mismos representantes de Davivienda fueron depositarios. “No se explica cómo el banco pueda alegar que no lo ha recibido”, señaló.
Los magistrados respondieron que ese era un argumento tardío, es decir, cuestionamientos de ese tipo tuvieron que haber sido hechos en una etapa anterior y no cuando ya hay sentencia.
En una entrevista televisiva el 27 de junio de este año, Salaverría dijo que los abogados habían sido incapaces de defender a Davivienda. Ejemplificó con la declaración jurada que él mismo presentó en el juicio y que los defensores habían dejado pasar sin ningún pero así como tampoco dijeron nada de los resultados de los cálculos de los daños.
El ingenio del empresario0 procesaba 5 mil 200 quintales oro, operaba siete beneficios y empleaba a unos 3 mil trabajadores. Incluso llegó a ser reconocida como una de las 200 empresas más importantes de la región.
Debido a su tamaño el ingenio necesitaba más de 32 millones de dólares para operar. Por eso compró el préstamo. Una de las cláusulas del contrato que firmaron los tres bancos advertía que no se podía embargar ninguna propiedad sin el aval de dos de los tres acreedores. Pero Davivienda sí lo hizo por su cuenta.
Al enterarse que Davivienda iba detrás de su ingenio, Salaverría intentó pagarle. Pero, según contó en una entrevista televisiva, no le quisieron aceptar el dinero.