El 24 de enero de 2006, a las cinco de la tarde, murió Schafick Hándal y con el transcurrir de los años la mitificación de su ausencia lo erigió como el guardián de la pureza ideológica y en modelo de ascetismo para los militantes (y no militantes) del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Trece veces se acabaron todas las hojas de los calendarios desde el infarto agudo en el miocardio pero, de equis o ye manera, la presencia del caudillo comunista sigue ocurriendo: promocionales de la campaña electoral de 2004 pegados en las paredes de las sedes del partido, llaveros amarillentos y el Schafick-móvil.
El Schafick-móvil es un camión de medianas proporcionadas modificado en su parte trasera y coronado con un toldo rojo que ocupó el fallecido dirigente en la campaña electoral que perdió contra Elías Antonio Saca González. Generalmente pasa estacionado en el parqueo de la Asamblea Legislativa pero, cuando la ocasión lo amerita, los efemelenistas montan a sus militantes y se van a protestar.
Este lunes el partido organizó una protesta frente a la Fiscalía General de la República (FGR) para desenlodarse de las acusaciones que el presidente Nayib Bukele hizo a sus dirigentes: dijo que dos de ellos eran financiadores del Barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13). Sostuvo esa afirmación citando fuentes de inteligencia del Estado. Todo, absolutamente todo, lo divulgó como siempre: en su cuenta de Twitter.
Montados en el Schafick-móvil, Nidia Díaz, Medardo González, Norma Guevara, Charlin Zuniga y otros dirigentes se desquitaron los señalamientos del presidente. Lo acusaron de gobernar como los militares lo hicieron hace más de 40 años, de administrar el Estado como su finca, su empresa, su tiendita; de ser prepotente y bocón; de querer “lavar el coco” a sus seguidores en las redes sociales; de promover el odio y la venganza; de enrarecer la atmosfera, el aire y provocar miedo; de ir rumbo a la manipulación de las instituciones para eliminar a sus adversarios políticos.
“No es un argumento valedero este tipo de mentiras”, dijo González.
El FMLN tiene dos problemas con Bukele: haber despedido a toda la parentela de sus principales figuras de una forma humillante: vilipendiándolos con su cuenta de redes sociales y, además, ordenando a sus ministros ejecutar los despidos proyectando una narración castrense actualizada en redes sociales: el presidente “ordena” y los encargados responden “cumplido”.
Al FMLN parece incomodarle la supuesta obediencia servil de los ministros y la aparente prepotencia, de reminiscencias personalistas y militares, del presidente.
Foto D1, Miguel Lemus.
Unas horas antes de la protesta frente a la Fiscalía, Rhina Araujo, diputada del FMLN, pidió a los ministros no ser “tan sometidos” y que hagan valer su formación académica y técnica para cuestionar las órdenes de Bukele. “Es triste ver que él ordena y ellos responden ‘cumplido’. Los invito a discutir basados en su capacidad técnica”, dijo. Cuestionó, además, que el presidente desconozca los procedimientos de ley para solicitar dinero para las instituciones estatales. Lo dijo a propósito del tuit del 8 de mayo en el que ordena a Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, pedir la asignación de $5,000, 000 para comprar uniformes a los policías y militares. “No es de la manga de la camisa que le va decir: ‘ministro, le ordeno’”, agregó.
Guadalupe Vásquez, diputado de GANA, relativizó la gobernanza a través de tuits. “Los ministros hacían lo que querían y hoy están haciendo lo que el pueblo quiere”, justificó.
Entre las víctimas de los tuits de Bukele está la parentela de Nidia Díaz, la otrora comandante guerrillera que fue prisionera política en las cárceles de la dictadura militar. Hoy es una más de las dirigentes que envejecieron controlando el partido y viviendo con las enormes ventajas monetarias que le da ser funcionaria.
Su hermana Nelly Palm Valladares, su hijo José Alejandro Lemus Valladares y su sobrina Karla Palm Valladares fueron despedidos de los ministerios de Relaciones Exteriores y el de Cultura.
“No los recomendé. Se lo ganaron (los puestos) pulso a pulso. Mi hijo quiso poner un proyecto propio de gestión cultural… yo le dije: ‘eso ponlo a servicio del pueblo’”, comentó. “Nunca pensé en hacer del Estado un negocio”, afirmó.
Según ella, hasta la fecha la Procuraduría de Derechos Humanos ha recibido más de 390 denuncias de despidos injustificados. “Igual que cualquier salvadoreño tienen derechos”, concluyó.