El empresario cafetalero Antonio Salaverría explicó que los abogados de Davivienda fueron incapaces de defender a su cliente en el juicio civil que él inició contra el banco por el incumplimiento de un contrato de préstamo hace doce años.
En entrevista con TVO, aclaró que en las primeras y segunda instancia del juicio civil los jueces se negaron a conocer las pruebas y el fondo del caso porque declararon ineptas las demandas que entabló con su equipo de abogados. El propósito fue siempre evitar sentenciar. “Eso lo quisieron siempre los abogados para defender una condena inevitable”, expresó.
Salaverría explicó que otra de las pruebas que presentó contra la multinacional es una declaración jurada en la que sostenía sus argumentos y que los abogados no objetaron, así como también dejaron pasar de largo los resultados del peritaje en el que se establecieron los daños y perjuicios que sufrió su ingenio de café por el embargo unilateral en su contra en julio de 2007.
No haber objetado las pruebas que presentó, según su perspectiva, es aceptación de culpa. “Davivienda es un reo confeso”, comentó.
Por eso consideró que a los abogados no les queda más alternativa que intentar instrumentalizar a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentando una demanda de amparo.
“Esta gente no entiende (…) la población comenzó a decir que esas costumbres de los poderes fácticos ya no, deberían parar esas influencias”, afirmó. “El banco continúa teniendo crasos errores”, agregó.
Salaverría recordó que el ingenio de café que regentaba, en la fecha en que comenzó el litigio, procesaba 5,200 quintales oro, operaba siete beneficios y empleaba a 3,000 trabajadores dependiendo hasta 15,000 personas aproximadamente. Inclusive la revista Estrategia y Negocios los ubicó como una de las 200 empresas más importantes de la región.
“Eso es historia después de lo que nos han hecho”, lamentó.
Explicó que por el tamaño del ingenio necesitaba más de $32,000, 000 para operar y por eso contrató un préstamo en el que participaron City Bank y el Banco Hipotecario pero el principal era Davivienda.
Una de las cláusulas del contrato, según él, establecía que no se podía embargar al deudor si no se tenía el aval de dos de los tres bancos.
Davivienda sí lo hizo.
Contó que al ser notificado se reunió con los presidentes de Banco City y Banco Hipotecario y les comentó lo que estaba pasando. Ellos le recomendaron asesorarse con el abogado Fabio Castillo quien, al conocer los pormenores, le dijo: “Aquí hay caso”.
En la noche de ese día, sin embargo, Salaverría decidió que era mejor pagar a los representantes de Davivienda en el país. Al día siguiente Castillo fue a pagar y lo recibieron Armando Arias y Gerardo Simán, según contó. Pero no le aceptaron el dinero.
“Eso indica que el propósito era otro”, dijo.
Luego sucedió el litigio que duró doce años. Salaverría ahora espera que el banco le pague los $49 millones que le debe.