La Asamblea Legislativa avaló este miércoles una serie de reformas a la Ley de Control y Regulación de Armas para que policías y militares porten sus armas cuando estén de licencia y en lugares donde esté prohibido el uso de la mismas.
Con las modificaciones a la normativa, aprobadas con 78 votos de 84 posibles, se busca que los elementos de los cuerpos de seguridad, a quienes no se les permite portar sus armas en sus días de descanso, puedan defenderse de los ataques armados perpetrados por miembros de pandillas.
Específicamente, se avaló reformar los artículos 23, 62 y 62 A de la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones, Explosivos y Artículos Similares.
Al artículo 23 se le agregará un inciso con el fin de «garantizar la gratuidad de la primera emisión de la licencia para portación de armas a los miembros que formen parte o se incorporen a la Fuerza Armada, a la Policía y a la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP)», indicó la fuente.
Mientras, los cambios en los artículos 62 y 62 A «permitirán que los elementos de seguridad puedan portar sus armas de fuego en lugares públicos donde se decrete veda de armas o en sitios donde es prohibida la portación de las mismas».
Los lugares públicos, como parques o mercados, donde se decreta la veda de portación de armas -generalmente por las autoridades municipales- no necesariamente son zonas «rojas», sino donde se da una mayor concentración de personas.
Los miembros de la Policía asesinados en lo que va de 2019 suman al menos 19, mientras que los homicidios perpetrados contra elementos de la Fuerza Armada ascienden a 12.
Durante 2018 fueron ultimados 32 policías, 2 empleados administrativos de ese cuerpo de seguridad, 17 militares, 3 custodios de Centros Penales y un estudiante de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP).
La mayoría de estos crímenes son atribuidos a las pandillas, que buscan, según las autoridades de seguridad, presionar al Gobierno con estos ataques para obtener beneficios carcelarios para sus líderes.
Según el ministro salvadoreño de la Defensa, David Munguía, el país vive un conflicto armado de «baja intensidad» por los constantes enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las estructuras criminales.
El Gobierno responsabiliza a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias de los altos índices de homicidios de entre 103 y 50,3 por cada 100.000 habitantes entre 2015 y 2018, cifras que ponen a la nación como una de las más violentas del mundo.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro administraciones.