El expresidente Mauricio Funes Cartagena es empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, publicó el periódico El Confidencial.
El salario de Funes es de $2,740, según la planilla a la que el medio de comunicación tuvo acceso. En ella no se especifica las labores que realiza el expresidente y, además, hay una dirección de su vivienda imprecisa: se dice que vive en «I etapa 2 cuadras 1 1/2 cuadra norte casa N°1». Él, sin embargo, vive en el Reparto Las Colinas.
El periodista Fernando Chamorro publicó en su cuenta de Twitter: “El canciller Moncada (Denis Ronaldo) debe rendir cuentas por el descaro”.
Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, tuiteó: «Es de lo más infame! Un dictador corrupto #DanielOrtega protege a un expresidente corrupto #MauricioFunes acusado de robar $350 millones y encima él y su hijo reciben salario pagado con dinero que roban al sufrido pueblo de Nicaragua».
Ayer el presidente electo Nayib Bukele denunció en sus redes sociales que Diego Funes Cañas, hijo del exmandatario también asilado en suelo nica, es empleado en la cancillería con un sueldo de $1,400.
El 6 de septiembre de 2016 La Gaceta, el diario oficial del gobierno de Daniel Ortega, publicó que Nicaragua había otorgado asilo político a Funes, su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán y a sus tres hijos. En ese documento puede leerse que el expresidente pidió el beneficio el 1 de septiembre, es decir, que en seis días le fue resuelto.
En ese entonces la Fiscalía General de la República (FGR) ya había iniciado las investigaciones en su contra por cinco delitos que supuestamente cometió entre 2009 y 2014.
Antes de conocerse oficialmente, Funes aseguró que estaba en el país vecino trabajando como consultor para un cliente del que nunca dio nombres. Negó, además, que tuviera intenciones de pedir asilo. Fue en estas fechas que la Fiscalía interceptó un furgón en el que eran transportadas sus pertenencias y las de su familia.
En abril de este año la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió una nota de la Cancillería nicaragüense en la que se recuerda que Funes goza de asilo político, por tanto, no puede ser extraditado a su país natal para ser sentado en el banquillo de acusados por delitos de corrupción cometidos mientras fue mandatario. En marzo los magistrados votaron, por unanimidad, agotar las instancias legales para traerlo de regreso al país.
Funes es acusado de desviar $351,000, 000 de fondos del Estado para darse una vida de lujos y para comprar políticos. Una parte de ese dinero también sirvió para mantener los estudios de sus hijos en colegios y para mantener a sus compañeras de vida.