Los diputados de la Asamblea Legislativa aceptaron escuchar la postura de las víctimas de violaciones de derechos humanos registradas durante la guerra civil (1980-1992) tras retroceder en su intención de aprobar una polémica propuesta de ley de «reconciliación nacional».
Se esperaba que el órgano legislativo aprobara en la sesión plenaria la referida ley, pero los legisladores se abstuvieron de someterla a votación en el pleno tras las críticas de diferentes organizaciones sociales, las Naciones Unidas y la Unión Europea (UE).
Los diputados de la Comisión Política, encargada de presentar la propuesta, se reunieron antes de cerrar la sesión y decidieron convocar a representantes de las víctimas, de la iglesia Católica y Fuerza Armada.
La comisión también acordó reunirse mañana viernes para determinar la forma en que los activistas expondrán su posición ante la iniciativa del Congreso.
La UE expresó «su profunda preocupación sobre algunas disposiciones del proyecto», dado que «supone la suspensión de facto de las responsabilidades civiles y penales» de los involucrados en crímenes de guerra y lesa humanidad.
De esta forma se sumó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DD.HH., Michelle Bachelet, quien advirtió el miércoles en un comunicado que la referida iniciativa podría traducirse en una «amnistía de facto».
El Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil) también mostró su rechazo a la ley de «reconciliación nacional», dado que «garantiza la impunidad» de los crímenes perpetrados por el Ejército y la guerrilla.
Un grupo de 16 organizaciones sociales señalaron en una carta dirigida al presidente, Salvador Sánchez Cerén, que la propuesta de los legisladores es una «amnistía encubierta» y le pidieron que la vetara en caso de ser aprobada.
De acuerdo con los activistas, este tipo de leyes han sido prohibidas por el derecho internacional vigente en El Salvador y por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que anuló en julio de 2016 la legislación de amnistía emitida en 1993.
Un grupo de víctimas y sobrevivientes de las masacres registradas en el conflicto armado salvadoreño se presentaron en la sede del Congreso para exigir a los diputados que analicen una propuesta que presentaron el 21 de mayo.
La Sala de lo Constitucional del Supremo ordenó al Congreso, en el fallo que anuló la amnistía, crear una nueva legislación enfocada en la reparación de las víctimas.
Dicha anulación permitió la reapertura de procesos penales por crímenes de guerra, que estarían en peligro por la ley que prepara el Congreso, según las organizaciones.
Entre los procesos reabiertos se encuentran la causa por la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981), el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980) y el asesinato de seis padres jesuitas (1989