Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, aseguró que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) allana la soberanía de El Salvador al ordenar la suspensión de la aprobación de la nueva ley de amnistía que ha sido criticada por oenegés por considerar que protege a criminales de guerra y eterniza la impunidad.
“Allana en gran medida la soberanía del Estado salvadoreño, es una facultad constitucional que tenemos los legisladores”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación.
Dijo, en ese sentido, que no es “posible acatar” la resolución de la Corte, con sede en Costa Rica, y lo que lo más viable es seguir escuchando a las partes interesadas en la ley.
“Es imposible pensar que vamos a dejar satisfecho a todo el mundo, este es un tema sumamente complejo que despierta las ansiedades”, expresó.
Ayer la Corte ordenó la suspensión de la preparación de la nueva ley para garantizar que las víctimas de la Guerra Civil salvadoreña, en la que murieron más de 70,000 ciudadanos y más de 8,000 fueron desaparecidos, tengan acceso real a la justicia. Específicamente los jueces estaban hablando de las víctimas de la Masacre del Mozote, en Morazán.
La Corte respondió a la solicitud de un grupo de salvadoreños que presentaron en su estrado la imposición de medidas cautelares para evitar que los diputados dejen en la impunidad los crímenes del conflicto armado.
El comunicado divulgado por la Corte dice que la suspensión debe permanecer hasta que “el pleno de la Corte Interamericana conozca y se pronuncie sobre esta solicitud de medidas provisionales durante su próximo periodo de sesiones”.
Esta nueva ley es consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía aprobada inmediatamente después de la divulgación del Informe de la Comisión de la Verdad que señaló como principales responsables de los asesinatos cometidos durante la guerra a la Fuerza Armada.
En la actualidad el país atraviesa un periodo de transición política que ha dificultado la aprobación de la nueva amnistía, contrario a la aprobación de la Amnistía de 1993 que logró convertirse en ley sin mayores dificultades.