La Corte de Cuentas está facultada para auditar los gastos reservados de los gobiernos de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén. Pero no lo ha hecho porque no puede pasar por encima de la Ley de Inteligencia del Estado que declara como secretos los gastos relacionados a su funcionamiento.
Esa es la contradicción que hay en la actualidad, según Carmen Elena Rivas Landaverde, presidenta de la Corte. El problema, según ella, es que no puede pasar por encima de las facultades de las instituciones para hacer prevalecer las que corresponden a la institución que administra desde el 28 de agosto de 2017.
“En ningún momento podemos entrar por la fuerza”, dijo en una entrevista televisiva. “Hemos intentado hacerlas (las auditorías), se mandaron órdenes de inicio, ellos pusieron stop basándose en la normativa que está vigente y que debe ser acatada”, agregó.
De acuerdo con publicaciones periodísticas, la Corte debe auditar $183,460, 000 de la presidencia ejecutados en los cinco años de administración de Sánchez Cerén y debe hacer lo mismo con $108,670, 000 de la presidencia de Mauricio Funes Cartagena.
El problema, en el caso de los gastos reservados de la administración de Funes, es que el periodo para auditarlos caducó a principios del año en curso.
“Debemos armonizar las leyes para que no se contradiga la función de ellos como la de nosotros como ente contralor”, comentó la magistrada. También explicó que la reciente resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ordenó a la presidencia saliente entregar información de sus gastos reservados, también beneficiará a la Corte de Cuentas porque puede permitirle hacer sus propias auditorías.
“Vamos a continuar en la lucha de querer fiscalizar”, concluyó.