La nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se comprometió, según palabras del ahora magistrado Carlos Sánchez Escobar, a “trabajo y más trabajo”, al ser conscientes de las expectativas que recaen sobre ellos, luego de ser elegidos por la Asamblea Legislativa este viernes.
Por su parte Aldo Cader Camilot, recientemente nombrado magistrado de dicha Sala, manifestó que se tiene la firme intención de administrar justicia constitucional en base a sus consciencias y criterios jurídicos.
La Sala quedó conformada este viernes por la Asamblea Legislativa, luego de 125 días de un entrampamiento que levantó críticas y demandas por diversos sectores de la sociedad, entre entidades empresariales y académicas.
Incluso, algunos de los antiguos magistrados expresaron que la falta de justicia constitucional en el país provocaba que expedientes se acumularan sin que ciudadanos pudieran acceder a una resolución del máximo intérprete de la Constitución en el país.
Oscar Armando Pineda, ratificado como presidente de la CSJ, es sabedor de ello y señaló que los nuevos magistrados deberán continuar el proceso de reducción de la mora judicial y encarar 1,037 expedientes que esperan resolución.
La antigua Sala dejó en el tintero resolver 779 expedientes, entre 89 recursos de presentación personal, 521 amparos 169 inconstitucionalidades. A estos se han acumulado 258 nuevos expedientes, solo en los cuatro meses en que este organismo ha estado acéfalo.
La designación de Sánchez Escobar, Cader Camilot, Avilés Velásquez y Marina Marenco de Torrento como nuevos magistrados constitucionales, fue en un ambiente cordial, entre felicitaciones de representantes de los diversos partidos políticos y con la sensación de que la Asamblea saldaba una deuda que la había puesto entredicho en la sociedad.
En el decreto legislativo también se contempla la designación de Roberto Carlos Calderón como nuevo magistrado para integrar la Sala de lo Civil. Con los cinco nuevos magistrados nombrados junto con sus respectivos suplentes, nuevamente Corte Plena puede retomar sus funciones y reiniciar la revisión de recursos trascendentales.
Uno de ellos es resolver el pedido de extradición contra el expresidente Mauricio Funes, acusado de un desfalco de más de $350 millones del erario público y que actualmente se encuentra como asilado político en Nicaragua. Algunos de los actuales magistrados sostuvieron que dicho proceso se retomaría hasta que la Corte Plena fuera integrada adecuadamente.
Entre los pendientes que deberá resolver la Sala del o Constitucional está determinar la constitucionalidad o no de una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en la que se le da autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo cual provocó que El Salvador fuera suspendido del grupo Egmont, que incluye a las UIF de todo el mundo.
Otro recurso que espera resolución es la concesión de la vía pública al consorcio que desarrolló el Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS). Como medida cautelar, la anterior Sala determinó que el carril segregado que era del uso exclusivo de los autobuses de dicho sistema, también podía ser usado por vehículos particulares.
Las diversas fracciones legislativas pusieron sus esperanzas en el trabajo que realizará la nueva Sala. El diputado de ARENA, Julio Fabián, le pidió a los magistrados que velen por los intereses ciudadanos no de pequeños sectores; mientras que el legislador del FMLN, Schafik Handal Vega, esperó que esta Sala traiga estabilidad al país.
Al respecto, Carlos Avilés Velásquez afirmó que constata la independencia e imparcialidad de los abogados que a partir de este viernes integrarán junto a él la nueva Sala de lo Constitucional.