Luego de 125 días que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cesara sus funciones por falta de magistrados, la Asamblea Legislativa logró este viernes el acuerdo y eligió a los cinco nuevos funcionarios judiciales que ejercerán sus cargos para un período de nueve años.
La elección de los magistrados se destrabó, luego que la Comisión Política acordara un tercer proyecto de decreto, tras dos decretos que no contaron con el apoyo de las dos terceras partes del pleno legislativo.
Con la votación concretada este viernes, en la que los cinco nuevos magistrados fueron ratificados con los votos de 83 de los 84 diputados, se concretan varios hechos históricos: Uno de ellos es la elección de una mujer como propuesta para la Sala de lo Constitucional por primera vez en la historia del Órgano Judicial en la figura de Marina Marenco de Torrento.
Lea también: Estos son los nuevos magistrados de la Sala de lo Constitucional
Asimismo, se cierra una plenaria que quedó abierta desde el 31 de octubre, cuando un proyecto de decreto no logró los 56 votos necesarios durante la votación nominal y pública. La plenaria que se abrió hace más de 15 días, es considerada por algunos como la más larga de la historia.
Junto a Marenco de Torrento, la Sala Constitucional que terminará funciones el 14 de noviembre de 2027 integrará a Oscar Armando Pineda, en calidad de presidente de la misma y del Órgano Judicial.
Mientras que los demás magistrados de esta Sala serán: Aldo Cader Camilot, Carlos Sergio Avilés y Carlos Ernesto Sánchez. También se acordó nombrar como suplentes en esta Sala a los siguientes juristas: Cristobal Reyes Sánchez, Jorge Alfonso Quinteros, José Luis Lovo Castelar y la actual Procuradora General de la República, Sonia Cortez de Madriz.
Por su parte, el nuevo magistrado de la Sala de lo Civil será Roberto Carlos Calderón, mientras que su suplente será Alex Marroquín. Algunas organizaciones civilistas cuestionaron el atraso en el acuerdo para elegir magistrados por parte de los diputados, y como esta demora ha afectado la aplicación de la justicia constitucional en el país.
Los nuevos magistrados deberán hacerle frente a muchos expedientes que han quedado en el aire, entre ellos un pronunciamiento sobre la constitucionalidad o no de una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, en la que se le da autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo cual provocó que El Salvador fuera suspendido del grupo Egmont, que incluye a las UIF de todo el mundo.
El único diputado que no avaló el acuerdo fue el no partidario Leonardo Bonilla, quien argumentó que no se había enterado del mismo, que primero se delineó en la Comisión Política del Legislativo.