A casi tres meses que el presidente Salvador Sánchez Cerén vetara la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía por considerarla inconstitucional, la Asamblea Legislativa pudo superar la medida del jefe de Estado, luego que un dictamen lograra los votos de 56 diputados, es decir, mayoría calificada.
La parte medular de dicha reforma es que se le da autonomía a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General de la República. No obstante, el presidente Sánchez Cerén vetó el decreto por declararlo inconstitucional, ya que considera que toda la potedtad de investigar delitos debe recaer en la Fiscalía.
Dicho veto, y la imposibilidad en un inicio de los diputados a no poderlo superar, le valieron a El Salvador el ser suspendido del grupo Egmont, una entidad que aglutina a las unidades de inteligencia financiera de 159 países.
La entidad con sede en Canadá suspendió a El Salvador el pasado 24 de septiembre, debido a lo que se consideró como una continua falta de compromiso con los principios de independencia operacional y autonomía de las unidades encargadas de verificar las operaciones financieras en el mundo.
“La resolución de Egmont reconoce esfuerzo de la UIF para evitar suspensión pero establece que la opinión de la Presidencia fue determinante para tomar la decisión, ya que debería ser desde el Ejecutivo que debería liderarse la prevención del Lavado de Dinero y Activos en el país”, dijo la Fiscalía en un comunicado.
Empero, la agrupación dejó en claro que si se solventaban los motivos que provocaron su suspensión, el país podría ser readmitido en la próxima plenaria, a realizarse en los Países Bajos en septiembre de 2019.
Gracias a la suspensión, El Salvador no puede tener acceso a informaciónde inteligencia financiera de 159 países, lo que retrasa la investigación de casos de corrupción y lavado de dinero, como el que involucra al expresidente Mauricio Funes con una red que habría desfalcado $351 millones del erario público durante su mandato.
La Fiscalía ha recordado en repetidas ocasiones que fue la divulgación de un documento confidencial por parte del expresidente Mauricio Funes, lo que llevó a El Salvador a enfrentar un proceso legal a nivel internacional en el que tuvo que intervenir el Grupo Egmont, por lo cual también hay un expediente fiscal abierto en la Fiscalía.
La fiscal especificó que El Salvador fue puesto bajo el escrutinio de funcionarios de Argentina, México y Perú, que le establecieron condiciones para conservar su membrecía en el grupo, a la vez que remitieron el caso al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), que en su recomendación 29 aconsejó la autonomía de la UIF.
Con la superación del veto presidencial, El Salvador se libra de una expulsión definitiva del grupo Egmont el próximo año y la deshonrosa designación de país de alto riesgo para el cometimiento del lavado de dinero.