Los diputados de la Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad de la Asamblea Legislativa, conocieron hoy la propuesta de la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, diseñada por la Fiscalía en conjunto con diversos actores locales y extranjeros, incluida la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
Según Douglas Meléndez, fiscal general de la República, este nuevo cuerpo legal está enfocado en no solo perseguir, sino prevenir el delito de lavado de dinero, a través de la designación de instituciones públicas y privadas como entidades que controlen flujo de dinero.
Por ejemplo, se designa a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como ente supervisor, debido a casos en que abogados han incurrido en documentación fraudulenta para incurrir en delitos de lavado de dinero. Por otra parte se reforzarán las facultades reguladoras de entes como la Superintendencia de Operaciones Mercantiles y Ministerio de Hacienda, apuntó Meléndez.
También se busca que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) asuma un rol de fiscalización del dinero que ocupan los partidos políticos. Respecto a los partidos, los dirigentes de estos pasarán a ser Sujetos de Riesgo Político y deberán apegarse a los lineamientos de la ley, en el caso de aprobarse.
Otras entidades como el Consejo de Vigilancia de Contadores Públicos se encargará de supervisar a dicho gremio, mientras que el Ministerio de Gobernación velará por que las fundaciones sin fines de lucro no sean usadas como fachada para blanquear capitales.
Otro elemento que diferencia a esta propuesta de Ley de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos que se aprobó en 1998, es la ampliación de personas contempladas en el listado de personas de riesgo político. En dicha categoría se planea integrar además a funcionarios de segundo grado, gobernadores políticos, jueces y dirigentes de partidos.
En el aspecto de la persecución del delito, la ley contempla el aumento de las penas mínimas por el delito de lavado de dinero, que actualmente oscilan entre 5 a 15 años de cárcel, a un mínimo de 8 años en adelante.
De igual forma se realiza un cambio en la tipificación del delito de lavado de dinero, eliminando la figura del “caso especial de lavado de dinero” para englobarla en lavado de activos. Asimismo se agregan nuevas formas penales, como la proposición y conspiración para cometer lavado.
La finalidad de la Ley, según los expositores de la misma, es poder implementar medidas normativas que permitan dar cumplimiento a las resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de las Convenciones de la Organización de las Naciones Unidas, así como las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), como estrategia del Estado para la prevención, control y sanción del lavado de activos, los delitos determinantes, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva.
También se rebautiza a la actual Unidad de Investigación Financiera (UIF), como Unidad de Análisis Financiero (UAF), para acoplarla a sus funciones actuales de analizar información relacionada con casos de malos manejos financieros y reportar a la Fiscalía para que esta investigue.
El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Arturo Almendáriz, dijo que espera que con esta redefinición de la Unidad, se pueda solventar el problema que llevó al presidente Salvador Sánchez Cerén a vetar una reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía que le daría autonomía a la UIF.
Almendáriz, diputado por el PCN, abonó que espera reunirse con la comisión dos veces por semana para estudiar minuciosamente la Ley y evacuar dudas, cuando esta sea presentada de manera oficial en el Primer Órgano del Estado.