El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, afirmó que la Dirección de Intereses del Estado de San Salvador solicitó una explicación a la Asamblea Legislativa de la demora en la que este órgano de Estado ha incurrido en la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A finales de septiembre, el Ministerio Público abrió dos expedientes de investigación para requerir información a la presidencia de la Asamblea Legislatica y así conocer qué ha provocado el retraso en la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que este miércoles acumuló 87 días.
El jefe Fiscal señaló que un oficio ya fue enviado a la Asamblea Legislativa para que se conozca, según sus palabras: “el por qué, cuáles son las cusas, cuál es el estado actual y qué actividad se ha hecho para la elección de los magistrados”.
Además, señaló que se ha otorgado un plazo de cinco días hábiles para que la Asamblea dé respuesta a lo solicitado.
En el oficio, el Fiscal General preguntará cuáles son las razones del por qué no se ha concretado la elección de los magistrados. Por su parte el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, indicó que a mora judicial de la Sala de lo Constitucional llegó a 948 casos pendientes de resolución, 82 habeas corpus y 11 inconstitucionalidades.
“Legalmente podemos funcionar -como CSJ-, pero hay casos que consideramos que es necesario que estén los 15 para resolver de una mejor manera”, lamentó Pineda Navas.
La Sala de lo Constitucional se encuentra paralizada desde el 15 de julio, día en que culminaron sus funciones Belarmino Jaime, Rodolfo González, Florentín Meléndez y Sidney Blanco. Ese mismo día la Asamblea Legislativa había convocado a Comisión Política para determinar los nombres para cubrir dichas vacantes, pero la misma se suspendió sin mayor explicación y desde entonces, todas las sesiones de dicha comisión han transcurrido sin mayor avance.
Las fracciones partidarias argumentan la falta de consenso en los nombres que logren los 56 votos (mayoría calificada) requeridos para ser designados como magistrados del Órgano Judicial.
Algunos diputados han planteado la posibilidad de mover magistrados de otras salas en funcionamiento hacia la Sala de lo Constitucional, pero juristas expertos en derecho constitucional sostienen que tal idea riñe contra la Constitución.
Organizaciones civilistas que han seguido de cerca el proceso de selección realizado por la Comisión Política cuestionan que los diputados han tenido suficiente tiempo para haber elegido a los magistrados y que la última fase del mismo no se hizo de forma transparente, por lo que se ha afectado a la población a raíz de la falta de la entidad que aplica justicia constitucional en el país.