El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, aseguró este lunes que el asilo polítici otorgado a Mauricio Funes por el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, impide que Interpol emita una orden de captura internacional contra el exmandatario salvadoreño.
Cotto aseguró que por normas internas de dicho organismo policial no emitirá, por el momento, la detención de Mauricio Funes, Ada Michell Guzmán, Carlos Mauricio Funes Velasco y Diego Funes Cañas, todos acusados por delitos relacionados a lavado de dinero y corrupción.
“En el caso del expresidente Funes se ha dado la situación en la cual Interpol nos notifica que las personas que tienen condición de asilo político no les va a ser girada la difusión, no así, con el resto que ya tienen difusión roja”, dijo Cotto en la entrevista Frente a Frente de Telecorporación Salvadoreña (TCS).
“El expresidente Funes, su esposa y sus dos hijos, que tienen asilo político, Interpol nos notifica que por el momento, no va a emitir difusiones roja contra ellos. Contra ninguno de los cuatro”, reiteró el jefe policial.
El director de la PNC dijo que la decisión de Interpol obedece a que no se emiten órdenes de captura internacional por cuestiones políticas, condición que cumple Funes y sus familiares al haber sido protegidos por el gobierno de Daniel Ortega en dicho país centroamericano.
Lo anterior, faculta para que Mauricio Funes y sus familiares viajen tranquilamente por el mundo, según lo confirmó Cotto al ser consultado al respecto.
“De momento, efectivamente, así es», expresó el jefe de la corporación al confirmar que la vía de la extradición sigue abierta en este caso, pero la misma debe ser canalizada entre el gobierno de El Salvador y el gobierno de Nicaragua.
Caso Funes
Laa Fiscalía acusa a Funes de dirigir una red para sustraer dinero de instituciones públicas y usarlo para beneficio de los miembros de la trama. La operación para localizar y aprehender a los acusados empezó el pasado 8 de junio, cuando fue capturado el empresario Miguel Menéndez Avelar, mejor conocido como Mecafé. El amigo cercano de Mauricio Funes cayó mientras se encontraba en un rancho de playa de su propiedad, ubicado en el departamento de La Paz.
Funes, su compañera de vida y más de una decena de acusados se encuentran prófugos de la justicia desde el 11 de junio, cuando el juzgado Quinto de Paz ordenó detención para 17 implicados y el 27 de junio decretó captura nacional e internacional contra el resto de acusados.
El juez que lleva la causa en su fase de instrucción, Edward Sidney Blanco, enfrenta varios recursos de recusación por parte del equipo de abogados de varios de los acusados, incluido el de la exprimera dama de la República, Vanda Pignato, quien también figura en el caso “Saqueo Público”.
Los abogados argumentan que cuando fue magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanco firmó la resolución en la que se declaraba la existencia de enriquecimiento ilícito del expresidente Funes y su exesposa Pignato. Dicho caso está en apelación en la Sala de lo Civil.
El equipo legal de Pignato también sostiene que el exmagistrado además brindó una serie de entrevistas a medios de comunicación en las cual se pronunciaba en relación a las irregularidades acontecidas con funcionarios de gobierno de la administración Funes y aunque no habría adelantado criterio frente a su defendida, podría ponerse entredicho su imparcialidad porque ya se formó una convicción respecto a los hechos.
En su respuesta, Blanco explicó que dichas declaraciones están relacionadas únicamente a las irregularidades preliminares detectadas en el procedimiento administrativo seguido en la Sección de Probidad y no respecto a la actual causa penal, en la que tanto Funes y Pignato serán juzgados por el delito de lavado de dinero.
Asimismo dijo no aceptar que tales participaciones podían poner en duda su imparcialidad como juez, reiterando finalmente que no tiene ningún interés en tramitar el mismo.
Como toda solicitud de extradición, esta será remitida por el juzgado de la causa al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que deberá determinar si es procedente y se solicita a Nicaragua agilizar la diligencia.
Nicaragua y El Salvador son firmantes del Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada , tratado firmado por seis países de Centroamérica y El Caribe con el fin de facilitar la lucha contra el crimen a través de procesos de extradición más ágiles.
Magistrados de la CSJ dijeron luego de conocerse la orden de captura contra Funes que al ratificarse una acusación penal contra Funes, el asilo del que goza en Nicaragua queda sin efecto. Precisamente, el presidente nicaragüense Daniel Ortega presionó para ratificar en 2011 el Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada.
Durante los años 80 y desde su regreso al poder en 2007, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lidera Daniel Ortega, ha refugiado controvertidos personajes en suelo nicaragüense como el activista de derechos indígenas peruano, Alberto Pizango; el independentista puertorriqueño Rubén Berríos y el ex Primer Ministro tailandés Thaksin Shinawatra, prófugo de la justicia de su país.
Otro caso particular es el de la familia del célebre narcotraficante colombiano Pablo Escobar, fundador del Cártel de Medellín. El hijo de este, Sebastían Marroquín, relató años atrás que el gobierno sandinista los protegió.