Antonio Almendariz, diputado del PCN, expresó recientemente su rechazo a la idea de que en el país se instaure una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, semejante a la que existe en Guatemala (CICIG), la cual termina su mandato en 2019 por orden del presidente Jimmy Morales.
“Yo no acepto una CICIES en el país porque sería decirle al señor fiscal que su trabajo no vale nada” señaló el diputado en la entrevista radial con Ernesto López, transmitida el pasado sábado.
El tema adquiere relevancia en el actual contexto debido a los recientes actos de corrupción investigados por la Fiscalía General de la República y al hecho de que algunos políticos consideran necesario establecer una comisión similar a la que funciona en Guatemala desde 2006. En el vecino país hay una controversia porque el presidente Jimmy Morales ordenó que el mandato de la CICIG termine en 2019.
Al inicio de su gestión en 2016, el fiscal general Douglas Meléndez afirmó que la instauración de una CICIES no era un tema de la Fiscalía, sino que tal decisión le correspondía a otras instancias del Estado.
Meléndez ha solicitado más apoyo para la institución en más de una ocasión, pero en medio de las dificultades ha logrado procesar diversos casos como los que involucran a los expresidentes Elías Antonio Saca y Mauricio Funes con esquemas de corrupción que suman más de $550 millones en fondos públicos desviados a cuentas particulares.
También ha sido el primer fiscal en ponerle las manos encima a José Adán Salazar, alias Chepe Diablo, y desmantelar su trama de lavado de dinero a través de sus empresas, en las que según investigaciones figuraban varios miembros de su familia. Meléndez ha insistido en que esta investigación fue engavetada por su antecesor Luis Martínez, quien por su parte se encuentra tras las rejas, bajo señalamientos de haber encubierto procesos judiciales contra Enrique Rais, ahora prófugo de la justicia.
El trabajo de Meléndez ha sido respaldado por embajadores acreditados en El Salvador, entre los que se destacan la representaciones diplomáticas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Además ha recibido un espaldarazo de la comunidad internacional, cuando en septiembre de 2016 se dio el lanzamiento de la Unidad Anti Impunidad, una apuesta en la lucha contra la corrupción, que ha arrojado los resultados antes mencionados.
La CICIG en Guatemala y las propuestas en El Salvador
El presidente guatemalteco Morales ha pasado en un pulso con la CICIG por la mayor parte de su período. El estira y encoge entre jefe de Estado y comisión internacional empezó en septiembre de 2016, cuando la Comisión señaló al hijo y al hermano del presidente (José Manuel Morales Marroquín y Samuel Everardo Morales Cabrera) de un caso de fraude -y lavado de dinero, en el caso del hermano- al Estado en 2013.
Por tal razón el hermano del presidente fue arrestado y meses más tarde y junto con su sobrino están siendo procesados. El presidente Morales salió en defensa de sus familiares y de manera tácita le declaró la guerra a la CICIG y a su actual comisionado, el colombiano Iván Velásquez.
En octubre de 2017, Morales le canceló la visa a Velásquez, lo que obligó a su salida de Guatemala, pero la Corte Constitucional frenó el decreto presidencial y permitió el trabajo del colombiano.
La orden de finalizar el mandato de la CICIG, junto con el bloqueo a Iván Velásquez de pisar suelo guatemalteco por parte de Jimmy Morales, se da en medio da la investigación que este ente lleva a cabo contra el mandatario por sospechas de financiamiento ilegal de su campaña en 2015 y el escrutinio que el congreso guatemalteco realiza para quitarle la inmunidad presidencial y así enjuiciarlo.
El tema no ha pasado desapercibido en la vida política salvadoreña. Previo a que estos eventos se desencadenaran en Guatemala, el candidato presidencial de GANA, Nayib Bukele, propuso la creación de una CICIES y dijo que llegaría a plantearla ante el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
La visita de Bukele a Almagro se concretó el pasado 4 de septiembre. El mismo Almagro confirmó que en la audiencia con el candidato se trató una propuesta de “lucha contra la corrupción en El Salvador con la creación de una Comisión Contra la Corrupción administrada en conjunto por la OEA y la ONU”.
En respuesta a la propuesta de Bukele, el diputado Almendariz señaló durante la misma entrevista en la que rechazaba la idea de la CICIES, que el aspirante presidencial no debe espera un eventual gobierno para plantear soluciones al problema de la corrupción.
“Hoy es el momento de demostrar el compromiso”, mencionó Almendariz, en alusión al paquete de medidas anticorrupción presentado el 5 de septiembre por el candidato presidencial de la “Alianza por un Nuevo País”, Carlos Calleja, en la Asamblea Legislativa. Entre otras cosas, el paquete de medidas propone la eliminación de la partida secreta y todos los gastos del gobierno sean del conocimiento público.
También se propone la ampliación del plazo para investigar personas involucradas en delitos de corrupción, de 10 a 20 años y el fin al financiamiento público a ONG’s vinculadas a funcionarios públicos y políticos.
PCN, partido en el que milita Almendariz, forma parte de la alianza que apoya la candidatura de Calleja, quien por su parte había planteado años atrás su anuencia a la conformación de una CICIES, al igual que ARENA, partido en el que está inscrito como candidato presidencial.
Personeros de ARENA también son de la opinión que en lugar de promover una CICIES, es preferible fortalecer las instituciones del Estado para luchar contra flagelos como la corrupción, lavado de dinero, crimen organizado y narcotráfico.
Similar posición ha mantenido por bastante tiempo el FMLN, que incluso sostiene que esta clase de organismos es inconstitucional. Otros expertos apartidarios indican que para que una CICIES se instaure es necesaria una reforma constitucional que se apruebe en una legislatura y se ratifique en la siguiente.
Si bien la CICIG tiene jurisdicción para hacer investigación penal en Guatemala, los últimos casos importantes destapados por la entidad han sido en coordinación con la Fiscalía, la cual mantiene su jurisdicción sobre la persecución del delito en el país vecino.