Hace algunos días, en el Foro de Sao Paulo, el presidente Salvador Sánchez Cerén dio un respaldo contundente al gobierno de Daniel Ortega por la crisis en Nicaragua. Pero ahora, ante la lluvia de críticas, ha surgido una posición más moderada.
Según Roberto Lorenzana, secretario de Comunicaciones, Sánchez Cerén respalda el establecimiento de un diálogo en Nicaragua para solucionar la crisis que enfrenta.
Además, dijo que el gobierno salvadoreño «no apoya la violencia».
«Al presidente no se le puede acusar de estar defendiendo violencia, lo que sí ha dicho es respaldar la posición del Gobierno de Nicaragua de impulsar el diálogo para salir de la crisis que enfrenta», manifestó el secretario de Comunicaciones de la Presidencia durante una entrevista en el canal estatal.
Lorenzana reafirmó que para el Ejecutivo salvadoreño «la violencia no es el camino para solucionar conflictos y eso lo ha reiterado el presidente».
«No es cierto que el presidente respalda la violencia (…) la conducta del mandatario ha sido ejemplar porque respalda el diálogo», enfatizó el portavoz del Ejecutivo.
Recientemente, el presidente salvadoreño dio su respaldo al Gobierno de Daniel Ortega durante el Foro de Sao Paulo, posición que asumió la mayoría de los líderes latinoamericanos de izquierda que se reunieron en La Habana, Cuba.
«Nos solidarizamos también con el Gobierno y el pueblo de la hermana Nicaragua ante los intentos desestabilizadores para alterar el orden constitucional, derrocar por la fuerza al Gobierno legítimamente electo y arrebatar a la población los grandes avances sociales y económicos», dijo Sánchez Ceren en su intervención.
Con entre 295 y 448 personas muertas, miles de heridos y más de un millar de secuestrados o desaparecidos, según organizaciones humanitarias, Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.