La diputada de ARENA, Karla Hernández, presentó este lunes un recomendable para que se retome la discusión para ratificar el Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada, tratado firmado por seis países de Centroamérica y El Caribe con el fin de facilitar la lucha contra el crimen a través de procesos de extradición más ágiles.
La propuesta de Hernández, la cual busca acelerar la extradición del expresidente Mauricio Funes, acusado de delitos de corrupción, deberá llegar al seno de la comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa.
Este convenio fue firmado en 2005 por los gobierno de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. Dichos países acordaron ratificar el instrumento a través de sus poderes legislativos.
A Funes le fue girada una orden de captura la semana pasada, por delitos como peculado y lavado de dinero. La Fiscalía General de la República lo acusa de liderar una estructura que desviaba fondos de diversas carteras del Estado para provecho propio y de su círculo. Todo esto, en contravención con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que invalida la transferencia de sobrantes de instituciones públicas a Casa Presidencial, sin el aval de la Asamblea Legislativa.
El exmandatario se encuentra asilado por el gobierno de Nicaragua en septiembre de 2016, que lo consideró un perseguido político. Para que proceda un pedido de extradición, deberá ser un juez el que ratifique la orden de captura contra Funes y luego esta sea del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Magistrados del CSJ dijeron recientemente que al ratificarse una acusación penal contra Funes, el asilo del que goza en Nicaragua queda sin efecto. Precisamente, el presidente nicaragüense Daniel Ortega presionó para ratificar en 2011 el Convenio Centroamericano para la Detención y Extradición Simplificada.
Durante los años 80 y desde su regreso al poder en 2007, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que lidera Daniel Ortega, ha refugiado controvertidos personajes en suelo nicaragüense como el activista de derechos indígenas peruano, Alberto Pizango; el independentista puertorriqueño Rubén Berríos y el ex Primer Ministro tailandés Thaksin Shinawatra, prófugo de la justicia de su país.
Otro caso particular es el de la familia del célebre narcotraficante colombiano Pablo Escobar, fundador del Cártel de Medellín. El hijo de este, Sebastían Marroquín, relató años atrás que el gobierno sandinista los protegió.