En algunos circos de pueblo, cuando entra en escena el payaso se cae para llamar la atención. A eso llaman “entrada de payaso”. La actual legislatura lleva apenas un mes y ya se conoce de cuestionables peticiones que llegan a la ventanilla de correspondencia del Edificio Legislativo. Una de ellas es una petición por parte de gremiales de empresarios del transporte público para incrementar el subsidio que reciben cada bus y microbús.
La propuesta presentada el pasado martes, tenía como principales mocionantes a Genaro Ramírez y Elizardo González Lovo, empresarios del transporte colectivo con vínculos al Partido de Concertación Nacional (PNC). Inmediatamente la petición fue acuerpada por uno de los diputados de dicho partido, Raúl Beltrán Bonilla.
Genaro Ramírez justificó la petición en el incremento que han experimentado los carburantes en las últimas semanas y la proliferación de lo que llaman “competencia desleal e ilegal”.
La propuesta presentada por las gremiales pide que el subsidio para microbuses pase de $200 a $650 por unidades y de $400 a $1,260 en el caso de los buses. Horas más tarde, Beltrán Bonilla quiso argumentar que apoyó a los transportistas, porque estos le expresaron que llevaban 90 días que no percibían el subsidio por parte del gobierno.
Solo esta semana, Beltrán ha sumado actuaciones cuestionables a su gestión legislativa, como la contratación de la exdiputada Cristina López como su asesora. Pese a que en un principio este lo negó, el jefe de fracción del PCN, Antonio Almendáriz, lo refutó y confirmó que López trabaja como asesora en esta legislativa.
En redes sociales ha sido criticada la solicitud de aumento del subsidio para los buses, sobre todo por el mal servicio que estos prestan. Además, el apoyo que el diputado Beltrán ha dado a esta iniciativa es cuestionada.
Asimismo ha estado ligado a personajes que actualmente están enfrentando procesos penales o son prófugos de la justicia. Según un informante vinculado al caso de lavado que se sigue contra el núcleo familiar liderado por José Adán Salazar “Chepe Diablo”, Raúl Beltrán Bonilla tiene tratos con el primo de este, Juan Umaña Samayoa, exalcalde de Metapán que actualmente huye de la justicia.
De acuerdo con este informante, en una reunión que Samayoa sostuvo el 11 de noviembre de 2013 con Francisco Merino, se discutieron varios puntos como la compra de la entonces diputada Claudia Ramírez, quien llegó a la Asamblea bajo la bandera de ARENA. En dicha reunión se mencionó a Bonilla, quien tendría la misión de desligar al exalcalde del denominado “Cartel de Texis”, una estructura criminal que de acuerdo con investigaciones, tanto él como su primo Chepe Diablo eran cabecillas.
Ambos están vinculados en un caso de lavado de dinero a través de Agroindustrias Gumarsal, de la cual el exalcalde es uno de sus fundadores. Esta empresa forma parte de una red de lavado de dinero encabezada por Chepe Diablo, quien por tres años formó parte de la lista de capos internacionales de la droga del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Esta estructura eminente familiar en la que están Samayoa y Salazar Umaña integra, además, a Wilfredo Guerra Umaña, hijo del exalcalde y quien por años fue presidente de Gumarsal. Al igual que su padre, Guerra está prófugo del a justicia.
La Fiscalía acusa al grupo familiar de haber blanqueado al menos $215 millones, de los cuales, $170 millones habrían sido lavados por Gumarsal.
Estas empresas fueron creadas en 1997 y desde su surgimiento, habrían incurrido en operaciones financieras por más de un billón de dólares, según investigaciones.
Actualmente, Adán Salazar se encuentra guardando arresto domiciliar, a la espera de la próxima etapa de su proceso judicial. Cuando los hechos se desencadenaron, el 4 de abril de 2017, estos atrajeron la atención de la prensa nacional e internacional, pero Beltrán Bonilla omitió comentar sobre ellos en su crónica radial que era transmitida en la radio YSKL.
Beltrán Bonilla recibió además sueldo de los gobierno de Francisco Flores y Elías Antonio Saca. Una publicación de la revista digital Factum menciona como el ahora diputado recibió $1,200 como asistente de comunicaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).
En el mandato de Elías Antonio Saca, agrega la publicación, Beltrán Bonilla formó parte de la planilla de pago de periodistas que implementaba el secretario de Comunicaciones, Julio Rank .
En una declaración judicial brindada por Rank relacionada con el caso de corrupción por el que guarda prisión junto al expresidente Saca y otros exfuncionarios, admitió que le pagaba a Beltrán Bonilla $4,000 mensuales para producir un programa en el que se exaltaran los logros del gobierno.
Al ser llamado a declarar en torno al caso, Beltrán Bonilla reconoció el pago, pero dijo que este oscilaba entre los $6,000 y $8,000 mensuales, los cuales incluían los gastos de la producción. El diputado ha preferido el silencio al respecto, cuando la prensa lo ha increpado en este asunto.