Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron este viernes una nueva prórroga a la vigencia de las denominadas medidas extraordinarias en seguridad, con énfasis en el endurecimiento de las condiciones carcelarias para los privados de libertad de mayor peligrosidad en el sistema penitenciario.
El decreto, el cual llevaba varias semanas atascado en el primer órgano del Estado, fue aprobado con los votos de 64 diputados, Las fracciones legislativas de ARENA, FMLN y PCN anunciaron durante la Sesión Plenaria que se había alcanzado el acuerdo para la prórroga.
La extensión de dichas medidas no fue cómo se propusieron en un inicio, ya que solo se acordó una prórroga para seis meses, a diferencia del año que se pidió inicialmente. Con el nuevo decreto, el estado de emergencia en siete centros penales se prolongará hasta octubre de este año.
Pese a que no se aprobó lo que en un principio pretendía, la fracción del FMLN acompañó el acuerdo, cuya aprobación fue demorada por las reservas mostradas por la bancada de ARENA.
Durante la discusión del dictamen, el diputado arenero Rodrigo Ávila manifestó que el país debe pasar de las medidas extraordinarias a un sistema de máxima seguridad permanente, en el que se diferencie a reos comunes de reos de mayor peligrosidad. La bancada que representa Ávila ha expresado en varias ocasiones que las medidas no han cumplido su objetivo de reducir el accionar delincuencial.
Con las medidas extraordinarias, los reos permanecen en aislamiento en sus celdas casi todo el día, asimismo se les ha prohibido visitas y se les ha vedado cualquier forma de comunicarse con el mundo exterior.
El decreto alcanzado este viernes contempla además otros aspectos, como la suspensión del plazo de 30 días para la realización de audiencias judiciales virtuales con reos desde centros penales y la implementación de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) para las compras en la cartera de seguridad.
Las medidas extraordinarias datan desde marzo de 2016, en respuesta a la denominada “masacre de Opico”, en la que murieron 11 personas, en su mayoría empleados de una empresa eléctrica, a manos de pandilleros.
El presidente Salvador Sánchez Cerén decretó días más tarde estado de emergencia por 15 días en los centros penales de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Quezaltepeque, Zacatecoluca e Izalco; los cuales permanecen con medidas extraordinarias hasta la fecha.
Estas medidas fueron fuertemente criticadas el pasado febrero por Agnes Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales de Naciones Unidas, quien en un informe preliminar señaló que el mencionado régimen carcelario no se puede justificar bajo un esquema de seguridad y que su principal objetivo es “deshumanizar a los detenidos”.
En dicha ocasión, Callamard llamó a no continuar prolongando la vigencia de las medidas, ya que entre otras cosas están generando que los privados de libertad al salir de su encierro, actúen de forma inhumana.
No obstante, la embajadora de Estados Unidos en el país, Jean Manes, dio un espaldarazo a las medidas el pasado miércoles, resaltando la importancia de incomunicar y aislar a los líderes de pandillas desde las cárceles.
Además agregó que en algún momento se debe hablar de las medidas extraordinarias como “medidas normales” y que le gusta saber que los líderes de pandillas no se sienten a gusto con este régimen: “Si a los líderes de pandillas no les gusta las medidas extraordinarias, a mi me gusta”, sostuvo.