La Sala de lo Constitucional ordenó al presidente Salvador Sánchez Cerén transparentar el funcionamiento del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) y garantizar los derechos laborales de sus trabajadores.
Esta resolución surge tras una demanda de 32 exempleados del OIE que fueron despedidos en mayo de 2014 y no les dieron derecho de audiencia y en uno de los casos se negó el derecho a una pensión por sobrevivencia.
“En el fallo se determinó vulneración a los derechos a los derechos de audiencia, defensa y estabilidad laboral en treinta y un demandas, y derecho a la seguridad social y petición de una demandante”, dice el comunicado.
Los demandantes laboraban para el OIE y a finales de mayo de 2014 fueron despedidos de manera verbal, sin que se les tramitara un procedimiento en el que pudieran ejercer su defensa.
La Sala infiere que los despedidos eran servidores públicos permanentes que realizaban actividades pertenecientes al giro ordinario de la institución y que la causa de los despidos radicó en la falta de contrato escrito.
“En concordancia con ello se indicó que, como resultado de las reformas constitucionales que tuvieron lugar con posterioridad a la firma de los Acuerdos de Paz, el OIE es una institución que debe funcionar en el marco de los principios democráticos y es ajena a toda consideración política e ideológica, de modo que su funcionamiento y la permanencia de sus miembros no debe atender a la ideología del Presidente de la República de turno, sino a los intereses superiores del Estado”.