Los diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa acordaron hoy ampliar hasta abril de 2019 una serie de medidas «extraordinarias» de seguridad en las prisiones con pandilleros y que se espera sean sometidas a votación este martes en una sesión del órgano de Estado.
«Si se ha pedido la prorroga, es porque hay resultados y se está combatiendo a las pandillas y no deberíamos hacerle modificaciones», señaló el presidente de la Asamblea, Guillermo Gallegos, durante la reunión en la que se dio luz verde a la votación.
El ministro salvadoreño de Seguridad, Mauricio Ramírez, pidió el 25 de enero pasado al Congreso la ampliación hasta abril de 2019 de la ofensiva carcelaria a las pandillas, pese a las críticas que estas han recibido desde la Organización de las Naciones Unidas.
Para que las medidas, lanzadas en 2016 y con vigencia hasta abril de próximo, sean extendidas por un año más, son necesarios al menos 43 votos de los 84 diputados y de los que el oficialismo posee 31.
Las medidas más cuestionadas, que se suman al alto nivel de saturación del sistema carcelario salvadoreño, son la suspensión de las visitas de las familias y el aislamiento total de los reos en las celdas.
El Gobierno atribuye a estas medidas, que acompañaron a un mayor despliegue militar, el endurecimiento de los operativos policiales y la creación de una comando elite de 1,000 elementos para dar caza a columnas armadas de pandilleros en la zona rural, la reducción de los asesinatos en 2016 y 2017.
El país centroamericano, que en 2015 registró el año más violento de su historia reciente con 5.280 muertes violentas, registró bajas en la cifra de asesinatos del 20,7 por ciento y 25 por ciento en 2016 y 2017, respectivamente.
Pese a estás reducciones El Salvador es uno de los países más violentos del mundo con tasas de asesinatos de 103, 81,7 y 60 por cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017, muertes atribuidas principalmente al accionar de la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18.
El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó a mediados de noviembre de 2017 el país centroamericano y le pidió al presidente que «derogue las medidas extraordinarias» principalmente por las condiciones «inhumanas» que pasan los presos.