Los salvadoreños están a una semana de celebrar las novenas elecciones legislativas y municipales desde el final de la guerra civil (1980-1992), a la que los ciudadanos asistirán con una creciente desconfianza y descontento que han engendrado un movimiento pro anulación del voto.
Así lo indicaron los sondeos que pudieron publicarse antes de la veda legal en vigor desde el pasado 16 de febrero, que además daban ventaja a los candidatos de la oposición en la intención de aquellos ciudadanos dispuestos a votar.
Las autoridades electorales informaron del avance del cronograma de traslado del material electoral a los miles de centros de votación, mientras que la OEA informó que el jefe de su misión, el uruguayo Juan Pablo Corlazzoli, llegará este domingo a San Salvador para liderar un equipo de 28 observadores y expertos de 18 países.
Ese personal, dijo la Organización de Estados Americanos (OEA) en un comunicado, hará «un análisis sustantivo en materia de organización y tecnología electoral, financiamiento de campañas, justicia electoral, y participación política de las mujeres» en el proceso del próximo 4 de marzo, al que han sido convocados 5,2 millones de electores.
La última encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), divulgada el pasado 14 de febrero, da cuenta de que el 78,4 por ciento de la población tiene «poca o ninguna» confianza en el proceso electoral.
Según las autoridades de la institución educativa, cuyas encuestas gozan de prestigio en el país, estos son los «más bajos niveles de confianza» registrados para un proceso electoral en El Salvador desde el año 2000.
El 53,1 % de la población piensa que habrá fraude en las votaciones, mientras que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) goza de una baja popularidad dado que más del 76 por % de los salvadoreños opina tener «poca o ninguna confianza» en este ente.
La marcada desconfianza en el joven sistema electoral salvadoreño se ve acompañada del descontento de buena parte de la población, que en un 51,4 % se ha mostrado poco o nada interesada en asistir a las urnas.
Este fenómeno puede tener sus cimientos en el hecho de que la gran mayoría de los ciudadanos piensan, según el citado sondeo, que las propuestas de los candidatos «son más de lo mismo» y que no expresan realmente la voluntad del pueblo.
Estos factores han llevado la creación de un movimiento, principalmente en las redes sociales, que promueve la anulación de los votos y que trata de encabezar el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, expulsado del oficialismo y en franca campaña para las presidenciales de 2019.
Unos 5,2 millones de salvadoreños están convocados este 4 de marzo para las elecciones en las que se renovarán los 84 escaños en el Congreso y las alcaldías de los 262 municipios del país.
De acuerdo con diversos sondeos publicados antes del 16 de febrero pasado, fecha desde la que la legislación prohíbe hacer públicos los resultados de nuevas encuestas, la derecha salvadoreña encabeza la intención de votos y apunta a obtener nuevamente el control del Congreso.
El sondeo de la UCA, el último en ser dado a conocer, señala que el 47,7 por ciento de los salvadoreños que asistirá a las urnas votará por los candidatos de la derecha al Congreso, de este porcentaje la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena) posee el 32,7 por ciento.
Por su parte, el partido oficialista y de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) posee el 20,5 por ciento de la intención de votos, el resto se inclina por otros partido minoritarios o no quiso revelar su preferencia.
El sondeo también da cuenta que el 31,7 % de los votantes se inclina por los candidatos a ocupar las alcaldías de los 262 municipios del país presentados por Arena y el 24,7 % por los de la exguerrilla del FMLN.