El presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) debe seguir contando con las escuchas telefónicas para combatir el crimen, por lo que apoyará las reformas a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones para que la destrucción de toda grabación y sus transcripciones se realice hasta diez años después.
“Es importante que la Fiscalía cuente con el instrumento de las escuchas telefónicas para continuar combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico”, dijo Gallegos a Diario 1.
El presidente de la Asamblea agregó que, de acuerdo con un informe que rindió el fiscal genral Douglas Meléndez ante la comisión de Legislación, el año 2017 se realizó la intervención de 551 líneas telefónicas que ayudaron a investigar delitos de corrupción. Y se destaca que se lograron desarticular cinco estructuras de narcotráfico y capturaron a cientos de pandilleros por organizaciones terroristas y otros delitos.
La comisión de Legislación estudiará una propuesta de reforma para que las escuchas telefónicas sean destruidas cinco años después. Sin embargo, Gallegos indicó que propondrá que sean diez años, a fin de garantizar a la Fiscalía que cuente con esas escuchas durante ese periodo para fortalecer la lucha contra la criminalidad.
La Fiscalía General de la República ha utilizado en varios casos el Centro de Escuchas Telefónicas. Uno de esos es el proceso contra Enrique Rais, quien ha sido acusado de corromper a funcionarios públicos para sus propios intereses.
Enrique Rais fue capturado en agosto de 2016 por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo. Los fiscales lo acusaron de haber comprado funcionarios del Estado para montar casos penales contra sus enemigos: dos empresarios canadienses con quienes se disputa el relleno sanitario MIDES.
Exfiscal general Luis Martínez y Enrique Rais. Foto D1.
El exfiscal Luis Martínez fue uno de sus aliados. También compró a un juez y a empleados del Instituto de Medicina Legal. El juez para que diera resoluciones favorables y el perito forense para fabricar falsos peritajes.
Una de las pruebas presentadas por los fiscales son una serie de audios donde se escucha a Enrique Rais dar indicaciones a sus abogados, vía telefónica, para comprar a los funcionarios.
En la audiencia inicial, los abogados de Rais esgrimieron que las intervenciones habían sido realizadas hacía más de seis meses y que por lo tanto no tenían ninguna validez. Pero los fiscales refutaron esa posición.
Rais recuperó su libertad tras pagar una costosa fianza. El 13 de octubre de 2016, Rais y sus abogados se reunieron con la procuradora Raquel Caballero y señalaron posibles delitos en la intervención de unas llamadas que la Fiscalía estaba usando en su contra. Le pidieron vigilar permanentemente las intervenciones telefónicas que hace el centro de escuchas para evitar violación a los derechos humanos.
A través de sus abogados, el prófugo de la justicia Enrique Rais continúa atacando las instituciones del Estado porque al parecer estas no actúan a su favor.
Recientemente, Silvia Bonilla, uno de los abogados del exempresario de la basura Enrique Rais y prófugo de la justicia, arremetió contra la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara.
Actualmente Enrique Rais se encuentra prófugo de la justicia. Pero sus abogados continúan alegando que las pruebas presentadas en contra de su cliente (audios de llamadas telefónicas) no tienen validez legal.
De hecho, Rais habría promovido una interpretación auténtica del artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones para desvanecer las pruebas en su contra y quedar en libertad. Fue la diputada Cristina López, del PCN, fue quien promovió la iniciativa en la Asamblea Legislativa y, en diciembre del año pasado, fue analizada por los legisladores.
Con la interpretación auténtica al artículo 23 de la mencionada ley, supuestamente pagada por el exempresario de la basura Enrique Rais y promovida por la diputada Cristina López, del PCN, la Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido un duro golpe que va en contra de su lucha contra el crimen organizado, según abogados que siguen de cerca el caso.
El 1 de noviembre de 2017, la diputada Cristina López presentó una pieza de correspondencia bien redactada mediante la cual solicitó una interpretación auténtica al artículo 23 de la referida ley.
La diputada Cristiana López junto a Blanca Rosa Rais Mejía, hermana del exempresario de la basura prófugo de la justicia Enrique Rais, parte de la planilla del Partido de Concertación Nacional (PCN) en la Asamblea Legislativa. Foto tomada de cuenta de Facebook de Alejandro Muyshondt
Cristiana López propuso la mencionada interpretación auténtica en el sentido de que “deberá entenderse que la destrucción de toda grabación y sus transcripciones debe efectuarse inmediatamente de haber concluido el plazo y no haber sido presentado el requerimiento fiscal por parte de la Fiscalía General de la República”.
Con esa interpretación auténtica, Enrique Rais se confeccionó un “traje a la medida” para buscar destruir las pruebas en las escuchas telefónicas que tiene la Fiscalía tiene en su contra, en las cuales se evidencia la descarada trama de falsedades, manipulaciones y corrupción.
En esas grabaciones se escucha al propio Enrique Rais y sus abogados comprar jueces, sobornar testigos y fabricar pruebas falsas para favorecer sus intereses en contra de sus adversarios, incluyendo a los empresarios canadienses a quienes presuntamente Rais estafó y les arrebató fraudulentamente sus acciones de la empresa de propiedad mixta de procesamiento de basura Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides).