El Salvador
lunes 25 de noviembre de 2024

Fundación de Francisco Merino recibió $150,000 de donativo de Asamblea Legislativa

por Redacción


Esta no es la única denuncia contra Francisco Merino. El diputado del PCN, además, estaría encubriendo dinero proveniente del narcotráfico con la referida fundación.

La Fundación Cuenta Conmigo, que controla el diputado Francisco Merino, del Partido de Concertación Nacional (PCN), recibió $150,000 del Presupuesto General de la Nación en el año 2017, informaron fuentes políticas.

A través de esa Fundación, que aparentemente Merino controla por medio de familiares, también se habría canalizando grandes cantidades de materiales que el legislador por Santa Ana, quien busca la reelección en las elecciones del domingo 4 de marzo, repartió en diferentes comunidades durante la campaña electoral.

Esta no es la única denuncia contra Francisco Merino. El diputado del PCN, además, estaría encubriendo dinero proveniente del narcotráfico con la referida fundación.

El 20 de febrero, Juan Carlos Mendoza Portillo, diputado de Santa Ana por el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), presentó un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR) señalando que el exalcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, está haciendo proselitismo a favor del diputado Francisco Merino.

Juan Samayoa se encuentra prófugo de la justicia desde abril del año pasado. Hace unos días apareció en una videoconferencia difundida en una concentración de líderes comunales de Metapán. En el video se observa a Samayoa solicitar apoyo para Francisco Merino, quien está compitiendo por la reelección como diputado de Santa Ana por el Partido de Concertación Nacional (PCN).

Samayoa se encuentra prófugo de la justicia desde abril del año pasado. Pese a ello, su difusión roja no aparece en el sitio web de Interpol.

En 2011, el periódico digital El Faro reveló que Juan Samayoa era uno de los cabecillas del cártel de Texis, una organización de crimen organizado que opera en el occidente del país. Pese a esa publicación y a los tres informes policiales existentes, las autoridades no hicieron nada por judicializar el caso.

Juan Samayoa y Francisco Merino son viejos amigos. Los intereses políticos los unen. Merino es diputado por el PCN desde el año 2000 y Juan era alcalde de Metapán desde 2006.

El posicionamiento de Merino como diputado por Santa Ana se debe en gran parte al apoyo financiero y logístico de parte de personajes como Juan Umaña Samayoa e incluso de José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo, quien también está siendo procesado por lavado de dinero. Ambos señalados como cabecillas del Cártel de Texis por el periódico digital El Faro.

En abril del año pasado, cuando la Fiscalía ordenó la captura de Juan Samayoa, el diputado Merino defendió a su amigo en un acto público. Recientemente Samayoa pidió apoyo para Merino a través de una videoconferencia.

En agosto del año 2000, Francisco Merino amenazó de muerte a un vigilante privado. Estaba ebrio y armado. El vigilante llamó al Sistema de Emergencia 991 de la Policía Nacional Civil (PNC) y cuando una patrulla llegó a lugar fue recibida a balazos por Francisco Merino. La agente Flor de María Meléndez resultó lesionada. El atentado ocurrió en la calle República Federal de Alemania, colonia Escalón de San Salvador.

Merino fue capturado pero no encarcelado. Fue entregado a la Asamblea Legislativa gracias a la protección del fuero constitucional. Pero, días después, llegó a la Asamblea una solicitud de desafuero por los delitos de homicidio tentado, amenazas agravadas y daños agravados. Finalmente el fuero no le fue retirado y el caso quedó impune.

Según una publicación del periódico digital El Faro del 22 de febrero, entre 2012 y 2015, Merino “incrementó su capital de 1.47 a 3.87 millones de dólares, lo que representa, si se comparan declaraciones de Probidad, la fortuna total de otros 30 diputados juntos”.

“Merino lleva 18 años en la Asamblea, seis períodos consecutivos, los tres últimos como directivo. Antes de su llegada al legislativo, militaba en Arena y llegó a ser vicepresidente de la República en la administración de Alfredo Cristiani (1989-1994). A mediados de los noventa, luego de pugnas internas por el control del partido tricolor, recaló en el PCN, que lo catapultó en 1998 a la presidencia de la Corte de Cuentas, el mismo órgano que un año antes había señalado la implicación de Merino en una compraventa ilícita de terrenos de la alcaldía de San Luis Talpa. Pese al señalamiento, la Asamblea lo eligió para el cargo, que desempeñó por un año”.