La diputada Cristina López está envuelta en un nuevo escándalo. Esto luego que La Prensa Gráfica publicara una nota en la que revela que la legisladora pidió la contratación de familiares en la Asamblea Legislativa.
López habría solicitado la contratación de un hermano y una prima pocos días después de asumir su cargo como diputada. El 1 de junio de 2015 los familiares de la legisladora del Partido de Concertación Nacional (PCN) fueron contratados en la Asamblea Legislativa.
Actualmente, el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ha abierto dos expedientes en contra de la legisladora por las contrataciones que se hicieron de su prima Sussy Évelyn López Ramírez y su hermano José Martín López Rodríguez.
Según consta en el listado del personal institucional de la Asamblea Legislativa, ambas personas fueron contratadas como colaboradores administrativos.
Las investigaciones en contra de la legisladora comenzaron en febrero de 2017. Ese mes el TEG recibió un aviso en el que se denunció la contratación de los familiares de la diputada.
El TEG decidió, en octubre de ese año, abrir un proceso en contra de Cristina López porque habría violado el artículo 6 letra H de la Ley de Ética Gubernamental en el que se prohíbe la contratación de familiares en cargos públicos.
La diputada pidió a través de sus abogados archivar la investigación en su contra porque su hermano había renunciado el 29 de septiembre de 2017.
La diputada le dijo a La Prensa Gráfica que ella no tenía poder de contratar a nadie, que su hermano había sido contratado pero no por la fracción de su partido.
La Prensa Gráfica tuvo acceso a un memorándum donde la diputada solicita la contratación de sus familiares. Sin embargo, en redes sociales la legisladora dijo que ese documento es falso porque “cuando se trata de documentos internos de la Asamblea yo no utilizo la bandera del PCN sino papel membretado… toda la documentación que de mi oficina sale con mi firma, también lleva mi sello, cosa que en su memo no puedo observar”.
El pasado mes, la diputada se vio envuelta en un escándalo por dar iniciativa a una interpretación auténtica de ley que favorece al fugitivo Enrique Rais.