Con la interpretación auténtica al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, supuestamente pagada por el exempresario de la basura Enrique Rais y promovida por la diputada Cristina López, del PCN, la Fiscalía General de la República (FGR) ha recibido un duro golpe que va en contra de su lucha contra el crimen organizado, según abogados que siguen de cerca el caso.
El 1 de noviembre de 2017, la diputada Cristina López –quien “apenas sabe leer y escribir”, de acuerdo con los informantes− presentó una pieza de correspondencia bien redactada mediante la cual solicitó una interpretación auténtica al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
En la pieza de correspondencia, firmada por la legisladora del Partido de Concertación Nacional (PCN) y la cual tuvo acceso Diario 1, se argumentó que “actualmente el artículo veintitrés de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones contempla que si transcurrido el plazo (seis meses) y no se presenta requerimiento fiscal deberá destruirse toda información, sin embargo aunque esté regulado no se da fiel cumplimiento a dicha normativa, violentando la seguridad jurídica…”.
Por consiguiente, Cristiana López –quien no conoce nada de leyes y tampoco pertenece a la comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, la cual es la encargada de ver este tipo de reformas o interpretaciones− propuso la mencionada interpretación auténtica en el sentido de que “deberá entenderse que la destrucción de toda grabación y sus transcripciones debe efectuarse inmediatamente de haber concluido el plazo y no haber sido presentado el requerimiento fiscal por parte de la Fiscalía General de la República”.
Con una interpretación auténtica, Enrique Rais se confeccionó un “traje a la medida” para buscar destruir las pruebas en las escuchas telefónicas que tiene la Fiscalía tiene en su contra, en las cuales se evidencia la descarada trama de falsedades, manipulaciones y corrupción.
En esas grabaciones se escucha al propio Enrique Rais y sus abogados comprar jueces, sobornar testigos y fabricar pruebas falsas para favorecer sus intereses en contra de sus adversarios, incluyendo a los empresarios canadienses a quienes presuntamente Rais estafó y les arrebató fraudulentamente sus acciones de la empresa de propiedad mixta de procesamiento de basura Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides).
De esa manera se dio un duro golpe a la Fiscalía General de la República en su lucha contra el crimen organizado, debido que la interpretación también afectará los demás casos que lleva el Ministerio Público y en los cuales tiene pruebas mediante grabaciones contra diferentes delincuentes.
Diario 1 publicó el paso miércoles una nota titulada Enrique Rais intenta subterfugio legal comprando diputada Cristina López del PCN en la cual se informó que el exempresario de la basura Enrique Rais −acusado de cometer los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo y quien se encuentra actualmente prófugo de la justicia− habría comprado los servicios de la diputada del PCN, Cristina López, para introducir en la Asamblea Legislativa una “interpretación auténtica” a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones”.
La referida interpretación auténtica fue aprobada en la sombras. Y los diputados tampoco consultaron a la Fiscalía sobre sus alcances.
Diario 1 consultó al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, sobre la aprobación de la interpretación auténtica al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones. Respondió lo siguiente: “Extrañamente los abogados de Rais han estado alegando lo mismo en el proceso y no les ha prosperado, por lo que han acudido a esa interpretación legislativa, por medio de una diputada, para desechar las escuchas telefónicas y el proceso mismo contra Enrique Rais”.
Extraña y sospechosa intervención de la Presidencia de la República
La Asamblea Legislativa aprobó la referida “interpretación auténtica” el 15 de diciembre de 2017. Y la Presidencia de la República, encabezada por Salvador Sánchez Cerén, pidió una constancia al Diario Oficial sobre cuándo se publicaría el Decreto número 861, que contiene la interpretación al artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones.
En la Constancia número 3590, a la cual tuvo acceso Diario 1, firmada por la Jefe del Diario Oficial, Mercedes Aída de Sánchez y extendida a solicitud de la Secretaría de Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la Republica, se dice que el Decreto 861 “aparecerá publicado en el Diario Oficial No. 240, Tomo No. 417, correspondiente al 22 de diciembre del corriente año, salvo caso fortuito o fuerza mayor”.
Un periodista de Diario 1 acudió este jueves a las instalaciones del Diario Oficial a solicitar una copia del Diario Oficial No. 240, Tomo No. 417, de fecha 22 de diciembre. Una de las empleadas que facilitan las copias de las publicaciones, en un primer momento, dijo que “la publicación ya está hecha, pero todavía no está a la venta”.
Ante esta respuesta, se le pidió una certificación en la que se hiciera constar que ya estaba hecha la publicación, a lo cual accedió. Pero minutos después aseguró que “el decreto aún no ha sido publicado. Lo más probable es que se haga a mediados de enero”.
Toda ley o decreto de carácter permanente entra en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Los diputados miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa que firmaron el Decreto número 861, fueron Donato Vaquerano, Rodrigo Ávila, René Portillo Cuadra y Silvia Ostorga, de ARENA; Santiago Flores y Guillermo Mata, del FMLN; José Francisco Merino, del PCN; y Rigoberto Soto, de GANA.
Rais y su cadena de sobornos y otros delitos
Enrique Rais fue capturado en agosto de 2016. Fue acusado por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo.
Según la investigación fiscal, Rais utilizó a instituciones del Estado para armar casos contra sus enemigos. Su principal aliado fue el exfiscal general Luis Martínez.
En el expediente judicial constan una serie de escuchas telefónicas que comprueban las conspiraciones de Rais contra sus enemigos. Algunos de estos eran su exabogado Mario Calderón y Claudia Herrera, a quien la acusó por el delito de amenazas.
El grupo de colaboradores de Rais pagó $5 mil a un perito de Medicina Legal para realizar un peritaje sicológico.
El perito le recomendó que en una página de papel bond dibujara una casa, una hoja vertical y una persona. Le dijo que lo hiciera a lápiz porque eso denotaba tristeza. Esa prueba sirvió para acusar a Herrera por el delito de amenaza agravada.
En la audiencia inicial, Rais quedó en libertad condicional. Un mes después una Cámara de lo Penal ordenó su recaptura. Pero era demasiado tarde: Rais había escapado.
Actualmente es prófugo de la justicia. Según la revista Factum, se encuentra refugiado en Suiza. Allá también está siendo investigado por lavado de dinero.