Con una interpretación auténtica a la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, Enrique Rais pretendía confeccionarse un “traje a la medida” para buscar destruir las pruebas en las escuchas telefónicas que tiene la Fiscalía General de la República tiene en su contra, en las cuales se evidencia la descarada trama de falsedades, manipulaciones y corrupción.
En esas grabaciones se escucha al propio Enrique Rais y sus abogados comprar jueces, sobornar testigos y fabricar pruebas falsas para favorecer sus intereses en contra de sus adversarios, incluyendo a los empresarios canadienses a quienes presuntamente Rais estafó y les arrebató fraudulentamente sus acciones de la empresa de propiedad mixta de procesamiento de basura Manejo Integral de Desechos Sólidos (Mides).
Con base a una información proporcionada a Diario1 por un informante, la diputada Cristina López, presuntamente contratada por Enrique Rais, habría intentado la semana pasada introducir una pieza de correspondencia con la finalidad de favorecer y destruir la prueba que tiene la Fiscalía en contra de Enrique Rais. La prueba consiste en grabaciones de llamadas telefónicas en las que se evidencia claramente al propio Enrique Rais y a sus abogados cometiendo una serie de delitos como falsedad material, compra de voluntades y otros actos criminales con la intención de favorecer sus intereses con la ayuda de jueces, fiscales, expertos médicos y testigos sobornados para tal fin.
El proyecto, que contiene la referida interpretación auténtica y que fue proporcionado a Diario 1, dice que “se vuelve necesario interpretar auténticamente el artículo 23 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones para que se realice de manera efectiva la destrucción de la información obtenida”.
La interpretación propuesta es la siguiente: “deberá entenderse que la destrucción de toda grabación y sus transcripciones debe efectuarse inmediatamente de haber concluido el plazo y no haber sido presentado el requerimiento fiscal por parte de la Fiscalía General de la República”.
De esa manera y con la misma frialdad y descaro, Enrique Rais, con la colaboración de la diputada Cristina López, pretendía cambiar la ley a su favor para obligar a la destrucción de las pruebas en su contra.
Sin duda que una interpretación de la Sala de lo Constitucional podría encontrar que el espíritu de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones es precisamente ofrecer a la Fiscalía una herramienta para obtener pruebas en contra de los delincuentes, de acuerdo con el informante.
El buscar un subterfugio legal para que dichas pruebas se tengan que destruir después de determinado su contenido probatorio de una acción ilegal sería una absurda e ilógica burla a la propia Ley que fue establecida precisamente para que las intervenciones telefónicas, las grabaciones de esas llamadas y las transcripciones de dichas conversaciones sirvan como pruebas fehacientes del cometimiento o la intención de cometimiento de un hecho delictivo.
De acuerdo con expertos en la materia consultados por Diario1, sin duda que la intención del prófugo ex-empresario de la basura, Enrique Rais, era sorprender la acción de la Fiscalía en su contra, obligando a la destrucción por medio de un Decreto Legislativo de las pruebas que la Fiscalía tiene en forma de grabaciones y transcripciones de llamadas telefónicas altamente comprometedoras e incriminadoras.
Un diputado de ARENA dijo a Diario1 que “sería el colmo que un criminal como Enrique Rais lograse utilizar a la Asamblea Legislativa para lograr impunidad en los crímenes cometidos. El interés el pueblo −que se cumpla la justicia y que los que tienen dinero para “comprar voluntades” sean procesados por sus crímenes de igual forma que son procesados todas las personas comunes− sería burlado si se aprobara un decreto como este claramente diseñado para favorecer a un tramposo y mañoso como este señor Rais”.
Otro diputado de la Asamblea, que pidió anonimato, comentó: “Es vergonzoso que el PCN de nuevo se preste como instrumento para proteger los intereses de prófugos Rais; ya en el pasado es de todos sabidos aquí en la Asamblea cómo algunos diputados de ese partido se han dedicado a defender y proteger a narcotraficantes y lavadores de dinero”.
A este criterio, otro legislador añadió: “Qué lo siento por Cristinita López. Quizá por novatada estuvo dispuesta a prestarse a un acto como este, que a todas luces es un caso de compra de voluntades por un acusado de la justicia, intentando sorprender al sistema. Esto es un escándalo y le podría costar la reelección a la diputada en las elecciones del cuatro de marzo”.
El caso de la Fiscalía en contra de Enrique Rais
Enrique Rais fue capturado en agosto de 2016. Fue acusado por los delitos de falsedad ideológica, fraude procesal y cohecho activo.
De acuerdo con la investigación, Rais utilizó a instituciones del Estado para armar casos contra sus enemigos. Su principal aliado fue el exfiscal general Luis Martínez.
En el expediente judicial constan una serie de escuchas telefónicas que comprueban las conspiraciones de Rais contra sus enemigos. Algunos de estos eran su exabogado Mario Calderón y Claudia Herrera, a quien la acusó por el delito de amenazas.
El grupo de colaboradores de Rais pagó $5 mil a un perito de Medicina Legal para realizar un peritaje sicológico.
El perito le recomendó que en una página de papel bond dibujara una casa, una hoja vertical y una persona. Le dijo que lo hiciera a lápiz porque eso denotaba tristeza. Esa prueba sirvió para acusar a Herrera por el delito de amenaza agravada.
En la audiencia inicial, Rais quedó en libertad condicional. Un mes después una Cámara de lo Penal ordenó su recaptura. Pero era demasiado tarde: Rais había escapado.
Actualmente es prófugo de la justicia. Según la revista Factum, se encuentra refugiado en Suiza. Allá también está siendo investigado por lavado de dinero.