La elección de los magistrados de la Corte de Cuentas de la República ha estado estancada por casi dos meses, dado que los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron ponerse de acuerdo en los nombres a elegir de la lista surgida de las entrevistas a candidatos realizados en junio pasado.
Luego de varias reuniones de la Comisión Política del Legislativo que han resultado infructíferas, la elección de magistrados de la Corte de Cuentas ha vuelto a caer en mora, ya que la gestión de los magistrados elegidos en noviembre pasado terminó el 31 de julio.
El desencuentro entre las fracciones legislativas y la acefalía de la institución llamada a ser el ente contralor del Estado han sido la norma en los últimos cuatro años, afectando a los trabajadores de la misma quienes han visto por prolongadas temporadas cómo el organismo está en incapacidad de cumplir con las funciones encomendadas por las leyes del país.
De ahí que algunos diputados han salido a hablar de repartos partidarios como la razón de la no elección de los magistrados. Otros como el presidente Legislativo, Guillermo Gallegos, han denunciado una crisis interna al interior del Partido de Concertación Nacional (PCN), instituto al que pertenece el diputado Francisco Merino, quien señaló un supuesto reparto partidario.
La vinculación política que han tenido los magistrados de la Corte de Cuentas y a los gobiernos de turno son los problemas que han mantenido privada al ente de ejercer su labor contralora, de acuerdo con Max Mojica, consultor legal y tributario.
Mojica hizo estos planteamientos durante el espacio radial “El minuto ciudadano” de la Radio Club. Ahí también planteó una serie de vicios que se han venido suscitando en la Corte, como la falta de señalamiento de irregularidades en compras públicas, el otorgamiento de finiquitos express a funcionarios y la no pesquisa de actos de corrupción.
Asimismo, cuestionó el actual proceso de selección de magistrados que no ha fructificado. “El deber de la Asamblea Legislativa, de acuerdo con la Sala de lo Constitucional, debe ser justificar y documentar la honradez y competencia notoria de los candidatos a magistrados. De no hacerlo, la Corte de Cuentas sería inútil, otro elefante blanco del estado salvadoreño”.
Al ser consultado por Diario 1, Mojica amplió este concepto: “El elefante blanco es algo que no funciona, que no sirve y que además tiene un costo para los contribuyentes (…) Si ese instituto no va a desempeñar el rol que la Constitución le dice y va a seguir haciéndose del ojo pacho porque fueron electos por x partido político, dando finiquitos express, va a ser tan inútil como el puerto de La Unión, que no nos sirve de nada y nos cuesta un ojo de la cara”.
A juicio de Mojica, la demora en la elección de la Corte de Cuentas se debe a la repartición de cuotas políticas de poder y que la Asamblea está interesada en cumplir cuestiones de forma con un proceso de selección con muchos candidatos, que en velar por que los candidatos elegidos no tengan vínculos partidarios.
“Ahorita la Asamblea está diciendo que van a considerar otros currículos ¿Cómo es posible que entre 40 personas, no puedan encontrar tres personas idóneas? (…) Los partidos están enviando el mensaje al pueblo de que se están poniendo de acuerdo con los nombres que los satisfagan, cuando lo que deben hacer es elegir a quienes cumplan con los requisitos de capacidad, competencia y moralidad notoria”, sostuvo el abogado.
Un historial de control partidario
Por más de dos décadas la Corte de Cuentas ha estado asociada al control del PCN. Desde que dejara la presidencia de la República a principios de los años 80, el “partido de las manitas” convertió al ente contralor del Estado en su patrimonio.
Creada en 1939, la Corte de Cuentas tiene una función específica conferida por la Constitución de la República: “Realizar la fiscalización técnico y legal de la Hacienda Pública en general, y supervisar la ejecución del presupuesto en particular”.
No obstante, esta función se ha visto opacada por la dependencia que este organismo ha tenido de los partidos políticos y en los últimos 30 años ha sido notoria la vinculación de sus presidentes con dichos institutos.
Cuando Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ganó la presidencia de la República en 1989 con Alfredo Cristiani, el presidente de la Corte de Cuentas era Ciro Cruz Zepeda Peña, un directivo de larga data del PCN que fue reelegido como presidente del ente contralor en una ocasión. Sin embargo, no pudo completar su segundo período, ya que la Asamblea Legislativa (ya controlada por ARENA) lo destituyó, atribuyéndole actos de corrupción.
Ciro Cruz Zepeda.
Para terminar el período de Ciro Cruz Zepeda, la Asamblea Legislativa designó a Rafael Flores y Flores, otro miembro del PCN, quien presidió la contraloría del Estado desde marzo de 1989 hasta junio de 1990.
Al terminar el periplo de Flores y Flores, empezó lo que hasta hoy es conocida como “la era Hernán Contreras”, ya que por más de ocho años, este directivo del PCN presidió la Corte de Cuentas.
Contreras renunció en agosto de 1998 para asumir la candidatura presidencial del PCN en las elecciones de 1999 que fueron ganadas por Francisco Flores Pérez.
El período para el que fue electo Contreras, el cual terminaba en julio de 1999, fue concluido por Francisco Merino, quien luego de renunciar a ARENA en 1997 fue acogido en el PCN.
Francisco Merino.
Pese a que logró su reelección en el cargo, Merino salió de manera abrupta de la Corte de Cuentas, aduciendo que su ratificación fue boicoteada. La razón que llevó a Merino a renunciar a la presidencia del ente contralor se debió a críticas que recibió en cuanto a ciertas irregularidades encontradas en su declaración de probidad, que apuntaban a un posible enriquecimiento ilícito.
Otra versión apunta a que el grupo parlamentario de ARENA de la época mostró descontento con su ratificación, ya que aun le recriminaban su salida del partido tricolor. Luego de este impasse, el PCN se aseguró su cuarto presidente de Corte de Cuentas en fila en la figura de Rutilio Aguilera.
Al dejar el cargo Aguilera daría inicio la segunda era de Hernán Contreras al frente de la Corte de Cuentas. Dicha era abarcaría de 2002 a 2011, cuando Contreras no pudo reelegirse para más períodos y se retiró cobrando un bono de retiro de $66,000, según consignan varios medios de prensa.
Tras la salida de Contreras y en medio de críticas para que no se siguiera eligiendo personas vinculadas a partidos como presidentes de la Corte de Cuentas, llegó Gregorio Sánchez Trejo, quien venía de desempeñarse como Procurador General de la República
Con el arribo de Sánchez Trejo también llegaron las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional los decretos legislativos en los que resultaron electos el exprocurador general, así como Tránsito Bernal y Andrés Rovira.
Andrés Rovira, presidente de GANA.
Las sentencias apuntan a que Bernal y Rovira no cumplían con requisitos de independencia partidaria. En efecto, Bernal contaba con un historial de militancia en el FMLN y Rovira fue uno de los fundadores del partido GANA, que actualmente preside.
La sentencia que fue emitida en 2013, dio paso a que la Asamblea eligiera de nuevo Corte de Cuentas, ratificando en su cargo a Sánchez Trejo y a Bernal, agregando esta vez a la terna a Silvia Aguilar, otra fundadora del partido GANA.
Silvia Aguilar en una actividad con el partido GANA.
La Sala intervino y volvió a declarar inconstitucional la elección, mandando así a la Asamblea a enmendar la plana, la cual en una tercera elección ratificó a Sánchez Trejo y a Bernal, además de agregar en la ecuación a Rony Huezo, también vinculado a GANA.
Por tercera ocasión la Sala invalidó la elección y no sería hasta julio de 2013 cuando se acordó elegir a una terna de magistrados encabezada por el contador Rosalío Tochez Zavaleta, quien estuvo liado a un movimiento de apoyo a la campaña presidencial de Mauricio Funes.
Rosalío Tóchez.
Tochez solo fue elegido para un año, ya que se debía completar el período iniciado por Gregorio Sánchez Trejo. Al concluir esta gestión, el entonces magistrado Jovel Valiente subiría a la presidencia de la Corte el 31 de julio de 2014, electo en un principio para tres años.
Pero con la elección de Valiente vino un nuevo pronunciamiento de la Sala de lo Constitucional, que en 2016 declaró inconstitucional su elección, junto con la de los magistrados Raúl López y Marco Grande, todos ellos por tener vínculos partidarios (GANA, PDC y PCN, respectivamente).
Nuevamente la Asamblea se vio forzada a votar magistrados para lograr concluir una gestión y un mes más tarde de la sentencia de inconstitucionalidad, se eligió a Rodrigo Barahona como presidente y a Karen Yamileth Cruz y a Osmín Cunza López como magistrados.
La Corte de Cuentas continúa en el ojo del huracán, sobre todo porque sigue siendo señalada como una institución que en vez de destapar la corrupción en la administración pública la oculta. Incluso otorgó finiquitos a los expresidentes de la República Elías Antonio Saca González y Carlos Mauricio Funes Cartagena, ambos acusados de enriquecimiento ilícito.