En busca de zanjar la polémica generada en los últimos días por la llegada al país de un misterioso avión proveniente de Venezuela, el vocero de la Presidencia Eugenio Chicas mencionó el miércoles que entre los ocupantes del avión que llegó a El Salvador la noche del 8 de agosto se encontraba el viceministro de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo, José Luis Merino.
Chicas dijo que tanto Merino como el viceministro de Hacienda, Alejandro Rivera, y un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores, fueron trasladados en un avión Falcon 900-B a la VI Reunión Extraordinaria del Consejo Político del ALBA-TCP que se realizó el 8 de agosto en Caracas, Venezuela.
De acuerdo a bitácoras de vuelo recabadas por medios de prensa venezolano, el avión aterrizó en el aeropuerto Óscar Arnulfo Romero el 7 de agosto en horas de la noche y volvió a aterrizar un día después.
La llegada del avión propiedad de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) generó controversia, debido a que no existen registros de llegada del mismo y en los radares de vuelo aparece en carácter de “desconocido”.
Por tal razón representantes de la fracción legislativa de ARENA solicitaron explicaciones a la Autoridad de Aviación Civil y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), sin que ninguna de las dos entidades ofreciera aclarara la situación.
Este jueves, diputados de ARENA interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue si los titulares de Aviación Civil y CEPA no incurrieron en incumplimiento de deberes al no informar oportunamente sobre el aterrizaje del avión.
La fracción del partido tricolor insiste además que en dicha aeronave se trasladaban agentes de inteligencia cubanos y venezolanos, quienes además transportaban paquetes sospechosos.
Por otra parte recalcaron que dicha aeronave está destinada al traslado de funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y recientemente trasladó al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, en un cuestionado viaje a Ciudad de México.
José Luis Merino, un reconocido y poderoso dirigente del oficialista partido FMLN, tiene un conocido historial de vínculos con el gobierno venezolano. El excomandante guerrillero fungió como presidente de la Fundación Alba y era la cara visible de las empresas Alba, surgidas por un convenio entre las alcaldías de su partido y el gobierno venezolano.
Estados Unidos no es ajeno a estos vínculos. En junio pasado 14 congresistas federales enviaron una carta al Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, para que inicie una investigación contra Merino, por supuestos vínculos con redes dedicadas al narcotráfico.
En la misiva se pide al secretario Mnuchin a que use su autoridad bajo la Ley para la Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero (kingpin), misma que en su momento se le aplicó al empresario hotelero José Adán Salazar “Chepe Diablo”, actualmente detenido bajo una investigación por lavado de dinero.
Los congresistas solicitan que el titular de la Secretaría del Tesoro investigue cualquier transacción bancaria en Estados Unidos que pueda tener Merino, a quien vinculan con actividades de narcotráfico y lavado de dinero.
“El Sr. Merino es un miembro de alto rango del partido gobernante de El Salvador que tiene relaciones de larga data con redes criminales transnacionales que son objeto de investigaciones criminales en Estados Unidos por tráfico de cocaína y lavado de dinero”, dice un extracto de la carta.
Agregan que las “estructuras financieras” en control de Merino, han producido una cantidad de dinero no justificado que sirve para financiar a oficiales del gobierno de Venezuela y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo con el que se le ha vinculado desde años atrás.
“Debido al aparente papel central del Sr. Merino en múltiples organizaciones criminales que operan en toda Latinoamérica que constituyen una amenaza significativa para los Estados Unidos, creemos que tal investigación está en los intereses de la seguridad nacional de los Estados Unidos y ayudaría a las agencias policiales a identificar y poner un alto a actividades ilegales llevadas a cabo a través del sistema financiero estadounidense”, sentencia la carta.
En julio de 2016, el prominente senador federal del Partido Republicano, Marco Rubio, cuestionó por qué el gobierno norteamericano, en aquel momento encabezado por Barack Obama, no había sancionado a Merino, a quien señaló como lavador de dinero y contrabandista de armas.
“Este tipo es un lavador de dinero de clase mundial, de armas para la FARC, ha lavado millones de dólares para las FARC y para oficiales corruptos de Venezuela. ¿Por qué este tipo no ha sido sancionado?”, preguntó Rubio.
En octubre de ese mismo año, la prestigiosa publicación Foreing Policy lanzó un artículo en el que calificó a Merino como “el hombre de las FARC en El Salvador”, señalándolo como un prestanombres que encubría dinero de las FARC en diversas cuentas.
Ante todos estos señalamientos, el FMLN ha defendido a Merino y ha desvirtuado cualquier tipo de investigación calificándolas como ataques políticos.