El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Julio Olivo Granadino, confirmó que siete partidos políticos serán sancionados por errores no subsanados en cuanto a la información de sus ingresos y donaciones.
La noticia fue dada a conocer por Olivo durante un programa en la estación radial propiedad del partido FMLN, el cual sería uno de los partidos sancionados por el ente colegiado, aunque el funcionario no quiso revelarlo ante los micrófonos radiales.
El funcionario destacó que de los siete partidos sancionados, seis son sujetos a la multa por “no llevar adecuadamente contabilidad formal” y uno de ellos por haber sobrepasado el monto límite de donaciones que pueden captar por parte de fundaciones privadas.
Todos los partidos que participarán en el proceso electoral de 2018 y que presentaron la información correspondiente a sus finanzas, fueron sometidos a audiencias por parte del TSE que buscaba por parte de los institutos políticos las aclaraciones necesarias a las inconsistencias presentadas en sus declaraciones.
Las deliberaciones que el TSE hizo luego de estas audiencias dieron paso a las sanciones impuestas a siete partidos.
La sanción ocurre casi un año después que el TSE multara a los partidos con representación legislativa por no revelar información concerniente a sus financistas. Dicho hecho ocurrió el 30 de julio de 2016.
Solo DS y GANA no fueron sancionados
Solamente el partido Democracia Salvadoreña no formó parte del proceso sancionatorio ni del expediente abierto por el TSE, debido a que cumplió con todos los requisitos establecidos por la ley. Los partidos políticos están obligados a presentar la información financiera y el reporte de sus financistas ante el TSE, durante el primer trimestre de cada ejercicio fiscal.
Asimismo GANA es el único partido con representación legislativa que no fue multado por el TSE, según pudo corroborar Diario 1. De ahí, tanto el FMLN como ARENA, PCN y PDC son parte del proceso sancionatorio.
Este proceso sancionatorio atañe, además, a los partidos Cambio Democrático (CD), Partido Salvadoreño Progresista y Partido Social Demócrata. Cabe aclarar que Olivo señaló que en el expediente abierto por el TSE fueron llamados un total de ocho partidos a audiencias para que aclararan la información entregada en sus declaraciones financieras.
De los sancionados, ARENA y FMLN son los que tienen las multas más altas (más de $30 mil cada uno), seguidos de PDC, CD y PSD con multas de entre $7,000 y $8,000 y finalmente PCN y PSP debe pagar cada uno multas superiores a los $3,000.
El artículo 71 de la Ley de Partidos Políticos establece como una falta grave el hecho que los partidos incumplan disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, así como el no llevar una contabilidad financiera adecuada. Dichas faltas se sancionan con multas que van de los 15 a los 50 salarios mínimos.
Olivo intentó explicar durante la entrevista que los partidos han venido avanzando en cuanto a la información contable que presentan, desde que en 2014 notificaron por primera vez sobre sus ingresos.
Agregó que en su labor fiscalizadora, el TSE ha impuestos multas que oscilan entre los 37 y los 40 salarios mínimos, pero espera que esta labor fiscalizadora sea reforzada con el aporte del Ministerio de Hacienda.
Al respecto explicó que tanto partidos como donantes presenta ante Hacienda el documento conocido como formulario 960, para comprobar las donaciones a partidos o captaciones de las mismas por parte de los institutos políticos.
“Los donantes de los partidos deben presentar esa declaración porque eso les provoca una exoneración o una disminución en el pago de impuestos. Esto le provoca a los donantes un doble beneficio”, sostuvo Olivo.
A principios de junio, la Sala de lo Contencioso Administrativo amparó al Ministerio de Hacienda para no revelar los nombres de las personas que entregan dicho formulario. En respuesta, la Sala de lo Constitucional exigió en resolución que los magistrados de lo Contencioso explicaran el argumento jurídico con el que libraron dicho amparo.
Los magistrados de lo Constitucional han venido librando un pulso con los partidos, principalmente con aquellos representados en la Asamblea Legislativa, para que transparenten sus finanzas.
En agosto de 2014, la Sala declaró inconstitucional la Ley de Partidos Políticos, por considerar que esta no contenía mecanismos para garantizar la transparencia de las financias partidarias. En octubre de ese mismo año, la Asamblea reformó la Ley, estableciendo que pueden brindar información de sus donantes, solo si el solicitante explica para qué necesitan la información y solo si los donantes quieren revelar su identidad.
A raíz de esto, la Sala dio seguimiento a su sentencia y declaró que la reforma establecida por la Asamblea no daba por cumplida su resolución de inconstitucionalidad, por lo que exigió que los diputados quitaran la estipulación de revelar información de financistas, solo si estos quisieran ser identificados.
En septiembre de 2016, la Sala fue más allá y estableció una medida cautelar que prohíbe a los partidos el acceso a la deuda política del Estado hasta que revelen de manera adecuada y a tiempo la información sobre sus financistas. Dicha medida cautelar sigue en pie hasta la fecha.
En respuesta a esta medida, el TSE entregó en diciembre pasado a la Sala un informe en el que detalla el grado de cumplimiento que lo partidos le han dado a la orden legal de transparentar sus finanzas. Las deliberaciones en torno a este informe darían pie a la Sala para determinar si mantienen la medida cautelar o la revocan.
Así se financian los partidos mayoritarios
Entre febrero de 2015 y septiembre de 2016, tanto ARENA como FMLN dieron a conocer al público información parcial de sus finanzas. El partido tricolor reveló quiénes fueron sus financistas en el período comprendido de febrero de 2015 a junio de 2016 a raíz de la solicitud de la organización civilista Acción Ciudadana.
El documento recibido por la organización da cuenta que el partido fue financiado en el mencionado período por 470 donadores privados, de los cuales sobresalen especialmente las aportaciones ligadas a cinco prominentes familias del gran empresariado del país.
De los $2,922,000 percibidos por actual principal partido de oposición, las cinco principales familias donantes aportaron $1,051,753.86, alrededor del 30 por ciento.
El listado lo encabeza la familia Poma, cuyas empresas aportaron en conjunto $450,000 a la causa arenera; después le sigue la familia Suster, que donó $156,153.86 a través de su empresa Omnisport; en tercer lugar se encuentra la familia Dueñas, que a través de sus empresas inmobiliarias Roberto Dueñas Limitada y Dueñas Hermanos Limitada, donaron $151,000 en conjunto al partido tricolor; luego siguen los Simán, quienes aportaron $146,774 a las arcas de ARENA, y finalmente la familia Regalado, con aportaciones de $146,326.
La preponderancia de la familia Poma en el interior de ARENA es incuestionable. Una de las familias más acaudaladas de la región centroamericana, tiene como principal figura a Ricardo Poma, cuyo abuelo, Bartolomé Poma, fundó lo que en la actualidad se conoce como Excel Automotriz, una concesionaria de vehículos con amplia participación en El Salvador y la mayoría de países de Centroamérica, a través de las marcas Toyota, Mitsubishi, KIA, Hino, BMW, entre otras.
Dicha familia también tiene fuertes inversiones en el mercado inmobiliario por medio del Grupo Roble, que es la desarrolladora detrás de los centros comerciales Metrocentro (San Salvador, Santa Ana y San Miguel), Unicentro (Soyapango, Altavista y Lourdes) y Multiplaza; además de manejar la cadena Real Hotels and Resorts, a la cual pertenece el Hotel Real Intercontinental, uno de los más grandes y lujosos de la capital salvadoreña.
El segundo principal financista de ARENA es un personaje ligado a este partido desde sus inicios y uno de los hombres fuertes de las dos primeras administraciones areneras en el gobierno: Saúl Suster.
Suster es el dueño de Omnisport, una de las cadenas de tiendas de electrodomésticos más grandes del país. Además fue presidente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) en el primer gobierno de ARENA, de 1989 a 1994.
En el caso de los Dueñas, son la familia de más abolengo dentro de los financistas de ARENA, la cual ha estado ligada desde sus orígenes a la compra masiva de propiedades agrícolas.Con el paso del tiempo, los negocios de esta familia se han diversificado y uno de sus actuales nichos es el desarrollo inmobiliario a través de Urbánica Desarrollos Inmobiliarios, dirigida por Alejandro Dueñas. La referida empresa está detrás de urbanizaciones lujosas como Portal del Casco, Puerta La Castellana, Puerta Los Faros y el centro Comercial La Gran Vía.
Por su parte, la familia Simán posee una exitosa red empresarial que comprende 12 tiendas en cuatro países, que lo convierten en la principal cadena de almacenes por departamento de la región.
Entre otros negocios del Grupo Simán está Inversiones Simco, dedicada al arrendamiento de inmuebles y al desarrollo de proyectos inmobiliarios. Uno de sus principales desarrollos inmobiliarios es el centro comercial Galerías, uno de los más visitados de la capital salvadoreña; igualmente son los encargados de la conducción para Centroamérica del grupo Inditex, que engloba reconocidas marcas de ropa.
Finalmente, la familia Regalado es el principal grupo productor de azúcar en el país. La joya de la corona es el ingenio Central Izalco, el más grande del país.
Cuestionamientos del TSE
Los cuestionamientos que el TSE habría hecho a ARENA, y que le habrían acarreado una multa de más de $ 33 mil, van en dirección a que el partido opositor habría excedido el monto que podía recibir de donantes privados, en este caso dos fundaciones ligadas a un expresidente de la República y a acaudalados empresarios que siempre han sido sus financistas.
En el caso del FMLN, el reparo del TSE es la no explicación del origen de al menos $7.3 millones provenientes de un rubro que el partido oficialista denominó solamente como: “Certificados de Ayuda y Recolectas”.
En septiembre de 2016, solo unos días antes que la Sala de lo Constitucional decidiera quitarle el financiamiento público a los partidos, el FMLN reveló documentos contables sobre los ingresos percibidos durante 2014 y 2015, años en los que encararon dos elecciones.
En los reportes financieros publicados en el portal de transparencia efemelenista, se observa que en 2014, año de la campaña para las elecciones presidenciales ganadas por el FMLN, se ingresaron $12,031,586.99. Dicho financiamiento proviene de los siguientes rubros: Ingresos del período, en donde se encuentras las cuotas que pagan sus militantes y las donaciones; Productos financieros, en donde se encuentran los intereses bancarios; otros ingresos y el monto que recibieron por deuda política.
En el rubro de “otros Ingresos”, aparecen los apartados de reclamos de seguros, certificados de ayuda y recolectas. Descontando el monto recibido por deuda política, el cual ascendió en 2014 a $7,968,916.90, el rubro de “certificados de ayuda” es el que más le generó dividendos al FMLN en 2014, con un ingreso de $2,145,449.00.
Igual situación se da con el reporte financiero del año 2015, año de las elecciones legislativas y municipales. En este año, el FMLN ingresó $9,631,197.49, de los cuales recibió $1,190,379.94 en cuotas políticas, $321,604.41 en donaciones y $3,561,959.00 en certificado de ayuda.
Si se contabiliza lo recibido por el FMLN en concepto de certificados de ayuda entre 2014 y 2015, esto totaliza más de $5.7 millones. El problema es que en el portal de transparencia del FMLN no aparecen los nombres de las personas que adquirieron dichos certificados.
El cinco de junio pasado durante una entrevista televisiva, el secretario general efemeleneista Medardo González alegó que su partido a través de sus abogados había presentado toda la información referente a sus finanzas y que además estaban anuentes a revelar dicha información al público.
Asimismo, aseguró que el FMLN “nunca ha tenido grandes donantes, solo pequeños donantes”, y que desde su inscripción como partido político en 1992 solo han tenido dos fuentes de financiamiento: La cooperación de sus afiliados y la organización de eventos.
A esto agregó que “las personas con dinero cercanas al partido solo dan apoyos ocasionales” y que nunca ha sido un apoyo permanente. De igual forma dijo desconocer el amparo que promovió el Ministerio de Hacienda para mantener en el anonimato las personas que aportan financieramente a los partidos.
Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, la organización que ha dado pie a las demandas en busca de transparentar las finanzas del sistema político, dijo a Diario 1 que las multas del TSE son “un elemento a considerar para que la Sala de lo Constitucional mantenga la medida cautelar de denegarles acceso a la deuda política”.
El abogado considera que estas multas son un síntoma de incumplimiento por parte de los partidos políticos a las demandas de la Sala de revelar sus fuentes de financiamiento, además estima que la Sala podría resolver definitivamente sobre el tema en los próximos días.
En octubre próximo los partidos deberían, de acuerdo con Ley, estar facultados para tener acceso a la deuda política proporcional a los votos obtenidos en la elección anterior, pero la medida cautelar de la Sala ha puesto en vilo esta fuente, la cual en algunos casos es la principal base de sostenimiento financiero de algunos institutos políticos.
Las multas impuestas por el TSE pueden ser apeladas en un lapso de tres días después de ser notificadas a los partidos.