El presidente Salvador Sánchez Cerén rindió este jueves su tercer informe de gobierno en el que destacó logros en materia de seguridad, economía y desarrollo social. No obstante admitió, de manera somera, las dificultades que su administración afronta en cuanto a estabilidad fiscal.
Sánchez Cerén consideró importante la necesidad de un nuevo pacto político en materia fiscal, distinto al alcanzado en noviembre pasado por los secretarios generales de los partidos con representación legislativa, el cual llamó “insuficiente”.
En octubre pasado, el gobierno se declaró en emergencia por crisis de caja chica, lo cual motivó una intensa focalización de subsidios y el recorte de gastos operativos de oficinas públicas.
Esto se generó por la no aprobación de bonos por $1,200 millones de dólares que necesitaba el gobierno para solventar gasto corriente. Por tal razón el gobierno se vio empujado a suscribir un acuerdo de responsabilidad fiscal, a cambio de una aprobación parcial de bonos por $500 millones.
Asimismo, el gobierno cayó en abril de este año en situación de impago, por no cumplir compromisos con el pago de intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), los cuales fueron cubiertos a finales de este mes.
Estos problemas, los cuales propiciaron la caída del gobierno salvadoreño en su calificación crediticia, son atribuidos por el presidente Sánchez Cerén a la incapacidad de alcanzar acuerdos políticos y no a la estructura macroeconómica del país, la cual consideró «estable».
El gobernante llamó a los diputados a ratificar préstamos para la construcción de más etapas del proyecto Ciudad Mujer y la rehabilitación de la planta potabilizadora de agua en Las Pavas, a la vez que instó a la aprobación de una reforma al sistema de pensiones, el cual consideró que “se encuentra colapsado”.
Sánchez Cerén repitió, a manera de lema en su discurso, que al final de su gestión entregará un país “más productivo, educado y seguro”, señalando además que su cuarto año de gestión será el de la lucha contra las extorsiones.
El jefe de gobierno exhibió como logro la reducción de homicidios en un 53% respecto al año anterior, atribuidas según señaló, a una serie de medidas extraordinarias impulsadas desde los centros penales.
Por otra parte sostuvo que ampliarán la capacidad instalada para albergar presos en las cárceles en 11,000 plazas. Actualmente El Salvador sostiene un hacinamiento carcelario que excede el 300 %.
Tras su discurso, que inusualmente para los estándares de Sánchez Cerén duró más de media hora, Sánchez Cerén se dirigió a las afueras de la Asamblea Legislativa para participar en un acto de rendición de cuentas ante simpatizantes del gobierno, que por segundo año seguido se desarrolla, después de la rendición de cuentas ante la Asamblea Legislativa que mandata la Constitución.