El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, y el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, acudieron este lunes a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa, donde defendieron la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Ambos funcionarios se mostraron renuentes a las reformas a la Ley de Extinción de Dominio.
En mayo pasado, las fracciones legislativas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Gran Alianza Nacional (GANA) presentaron una iniciativa para reformar el artículo 76 de la Ley de Extinción de Dominio en el sentido que “los bienes objeto de medida cautelar podrán pasar a la administración del CONAB (Consejo Nacional de Administración de Bienes) siempre y cuando no haya oposición del titular”, dice el documento.
Es decir, que los legisladores pretenden modificar la ley que faculta a la Fiscalía el decomiso y congelamiento de bienes y cuentas bancarias de personas e instituciones sobre las que se tiene sospechas que fueron adquiridos forma ilícita.
Con las reformas, los los diputados pretenden que los bienes de origen ilícito objeto de medidas cautelares, o investigados, pertenezcan en administración de los propietarios sospechosos mientras se siga el proceso judicial en su contra.
Ante esto el jefe del Ministerio Público señaló enérgicamente “no es posible que se reforme la Ley y le tengamos que pedir permiso a pandilleros o criminales para ir tras sus bienes», dijo Douglas Meléndez.
El fiscal general, además, señaló que La Ley de Extinción de Dominio ha logrado establecerse como una herramienta efectiva para golpear las finanzas de estructuras criminales y personas vinculadas a redes de narcotráfico y corrupción.
El ministro de Justicia y Seguridad, por su parte dijo que las instituciones de seguridad, como la Policía Nacional Civil (PNC), son ejecutoras de acciones investigativas y que una modificación a la ley podría entorpecer los procesos que actualmente se encuentran abiertos.
Según datos del CONAB, en lo que va de 2017 el valor de los bienes incautados asciende a $491,789, y el titular de seguridad confirmó que la tendencia de los procedimientos y los valores decomisados es al alza, al calificar la efectividad de la actual legislación.