Alenxadrino de Alencar, exdirector de Braskem, el brazo petroquímico de la constructora brasileña Odebrecht, declaró ante un juzgado de Brasil que la caja chica de sobornos que manejaba esta multinacional también financió la campaña del expresidente salvadoreño Mauricio Funes.
En un reporte recogido por el rotativo español El País, Alencar confirmó a autoridades judiciales que Antonio Paolocci, el exministro de Finanzas de Luiz Inacio Lula Da Silva, pidió dinero para la campaña de Funes para las elecciones presidenciales de 2009.
La petición de Paolocci, agrega Alencar, estaba basada en que su entonces esposa, la exprimera Dama Vanda Pignato, es una de las fundadoras del Partido de los Trabajadores, el cual llevó al poder por dos períodos seguidos a Lula Da Silva.
La cantidad otorgada por Odebrecht, apunta la publicación, asciende a 1,5 millones de dólares, cifra reportada en diciembre pasado por el periódico brasileño Folha de Sao Paulo.
El testimonio de Alencar confirma además que quien habría otorgado el dinero a Funes fue su publicista Joao Santana, quien posteriormente fundó la agencia Polistepeque en el país y que actualmente firmó un acuerdo con las autoridades brasileñas para reducir su condena carcelaria, a cambio de revelar más información del escándalo que le costó la presidencia a Dilma Rousseff.
Lo anterior se suma a los testimonios de Hilberto Mascarenhas y Fernando Migliaccio, ambos exdirectivos de Odebrecht, quienes reconocieron que la campaña de Funes, bajo la bandera del FMLN, se financió con dinero de la constructora que hizo costumbre dicha práctica a lo largo de América Latina, para obtener licitaciones en obras públicas.
Los testimonios apuntan que existía una división en Odebretch, llamada Departamento de Obras Estructuradas, la cual se dedicaba organizar y distribuir los sobornos a gobiernos, partidos, candidatos, lobistas e intermediarios, y que entre 2006 y 2014 habría repartido alrededor de $3,390 millones en sobornos.
Cuando la noticia se conoció en diciembre, tanto Funes como Pignato negaron los señalamientos. La expareja se encuentra inmersa en un proceso civil por supuesto enriquecimiento ilícito, debido a no poder justificar un incremento patrimonial de más de $700 mil.
El exmandatario se encuentra asilado por el gobierno de Nicaragua, a donde fue en agosto pasado, luego que se desataran unas investigaciones penales en su contra por delitos de corrupción. Dichas investigaciones podrían extenderse al delito de lavado de dinero, dado un acuerdo alcanzado por el Ministerio Público y un exfuncionario de la administración Funes que también estaría implicado en un caso de enriquecimiento ilícito.