El publicista brasileño Joao Santana y su esposa y socia, Mónica Moura, confesaron ante el juez Sergio Moro, encargado de la Operación Lava Jato, detalles del gigantesco caso de corrupción en la petrolera estatal de Brasil Petrobras. Santana y su esposa fueron intermediarios para trasladar $3 millones de la constructora Odebrecht para la campaña de Mauricio Funes.
Según una publicación del periódico O Globo, Mónica Moura declaró ante el juez federal que el gobierno del entonces presidente Lula da Silva −salpicado en la malversación millonaria en el caso Petrobras − dio un aproximado de tres millones de dólares (5.3 millones de Reales, moneda del Brasil) a Mauricio Funes para la campaña presidencial de 2009.
La declaración detalla que fue el exministro brasileño de Hacienda Antonio Palocci, también detenido por el caso de corrupción, fue el responsable de realizar la negociación y las transacciones de la llamada “Caja 2”. Esta operación tendría que estar “fuera de la contabilidad oficial”, de acuerdo con informes relevados por O Globo.
Las acciones de corrupción fueron una constante durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores en Brasil, señaló Moura. «No existe campaña de ningún partido político sin ´Caja 2´, es una exigencia de los políticos», dijo al juez Moro la esposa de Joao Santana.
También indicó Odebrecht pagó las campañas electorales dirigidas por Joao Santana en Panamá, Venezuela, Angola y El Salvador.
En el caso de El Salvador, agregó, fue el propio Lula quien le pidió a Santana y a Moura que asumieran personalmente la campaña electoral, debido a que la esposa del candidato Vanda Pignato, era una brasileña afiliada al Partido de los Trabajadores del Brasil.
Lo anterior se suma a los testimonios de Hilberto Mascarenhas y Fernando Migliaccio, ambos exdirectivos de Odebrecht, quienes reconocieron que la campaña de Funes, bajo la bandera del FMLN, se financió con dinero de la constructora que hizo costumbre dicha práctica a lo largo de América Latina, para obtener licitaciones en obras públicas.
Los relatos apuntan a que existía una división en Odebretch, denominada Departamento de Obras Estructuradas, la cual se dedicaba organizar y distribuir los sobornos a gobiernos, partidos, candidatos, lobistas e intermediarios. Entre 2006 y 2014 habría repartido alrededor de $3,390 millones en sobornos.
Cuando la noticia se conoció en diciembre, tanto Funes como Pignato negaron los señalamientos. Tanto Funes como Pignato enfrentan un proceso civil por supuesto enriquecimiento ilícito, debido a que no han podido justificar un incremento patrimonial de más de $700 mil.
Joao Santana y su esposa y socia Monica Moura fueron detenidos a finales de febrero de 2016 tras su retorno a Brasil después de trabajar en la campaña electoral de República Dominicana, acusados de delitos de corrupción tras comprobárseles el cobro de dineros en el extranjero procedentes de la red de corrupción en Petrobras. Fueron condenados a ocho años de prisión.
Joao Santana, cuado fue arrestado. Foto O Globo.
La pareja de publicistas acordaron con la justicia brasileña revelar algunos nexos de la red de corrupción de la petrolera estatal a cambio de tener una disminución en su condena.
Investigación contra Funes
La Fiscalía General de la República demandó en marzo de 2016 al expresidente Funes acatando la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la cual determinó que existen suficientes indicios de enriquecimiento ilícito, luego que Funes Cartagena, su exesposa Vanda Pignato y su hijo, Diego Funes Cañas, no lograran desvirtuar irregularidades en torno a un incremento patrimonial no justificado, que sobrepasa los $700,000.
El expresidente debe dar explicaciones en torno a un aumento patrimonial injustificado de $552,669, mientras que la exprimera Dama, en calidad de cónyuge, canceló seis cuentas con $57,060 cuya procedencia de los fondos es desconocido, mientras que Diego Funes es demandado por la cantidad de $118,600, monto que presuntamente utilizó para la compra de vehículos.
La Cámara Segunda de lo Civil decidió nombrar el perito de la Superintendencia del Sistema Financiero para determinar los ingresos y los gastos de los investigados. Asimismo, si a las cuentas de Mauricio Funes ingresaron más de $600,000 provenientes de fondos recolectados por el movimiento “Amigos de Mauricio” que apoyó al exfuncionario durante la campaña presidencial.
Además, el perito tendrá que determinar el origen del dinero que el expresidente recibió de las empresas Agrosuministros y Multimedia, ambas S.A de C. V, esta última, ligada al expresentador de noticias Jorge Hernández.
Durante la gestión presidencial, Funes y su exesposa Vanda Pignato pagaron créditos adeudados por un monto superior a los $221,000, generando además un ahorro de $150,000. De acuerdo con los fiscales del caso, con obligaciones que tenían Funes y Pignato como núcleo familiar es inconcebible que lograran tal ahorro.
El ex mandatario es investigado, además, por la Fiscalía por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, malversación y negociaciones ilícitas.
Las audiencias probatorias en torno al caso se han aplazado en tres ocasiones, siendo la más reciente el 17 de enero pasado. La razón para el aplazamiento fue debido a la inconformidad de la defensa de Funes en cuanto al mecanismo que utilizaría el exmandatario para declarar.
Allanamientos y asilo
La noche del 18 de agosto de 2016, la Fiscalía allanó la vivienda número 76 de la calle Xochiquetzal en Urbanización Cumbres de Cuscatlán, Antiguo Cuscatlán. Ahí vivía el expresidente Mauricio Funes Cartagena. En ese momento, este se encontraba brindando una “asesoría” en Nicaragua.
Desde entonces, Funes fue asilado el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, luego que se iniciara una serie de investigaciones civiles y penales en contra del exmandatario salvadoreño por delitos de corrupción.
Funes también recibió $4.9 millones de Taiwán
Según una investigación del periódico digital El Faro, el gobierno de Taiwán donó al gobierno de Mauricio Funes 4 millones 864 mil 888 dólares para financiar el proyecto “Comunicación de logros presidenciales”.
La investigación cita que el convenio de cooperación, ejecutado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, a cargo Hato Hasbún, tuvo como componente la financiación del programa radial “Conversando con el Presidente», programa que se convirtió en un apéndice de la campaña presidencial del año 2014.
“Conversando con el Presidente” fue el espacio para que Funes atacara a sus rivales políticos. Pero también fue el escenario para que se revelara la presunta malversación de los donativos realizados por Taiwán al expresidente Francisco Flores para el manejó de programas de reconstrucción del país posterior a los terremotos del año 2001.