El nombre José Francisco Merino López es sinónimo de alguien que no ha conocido otra forma de vida más que la política, lo cual le ha traído muchos réditos a su cuenta bancaria. Asimismo es sinónimo de alguien con un historial más que cuestionable, que no le importa las asociaciones que deba hacer, para mantenerse en su curul.
Antes de entrar al mundo de la política, Merino fundó la empresa Técnica Agroindustrial que distribuía equipos de bombeo de agua, riego y movilización de materiales de construcción. También tenía negocios en la ganadería y la siembra de algodón. Su vida daría un vuelco al ingresar a las filas de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y empezar a participar en política.
Fue uno de los primeros diputados propuestos por ARENA en sus primeras elecciones. Oriundo del departamento de San Miguel, Merino llegó a la Asamblea Constituyente en 1982.
Luego pasó a ser parte del extinto Consejo Central de Elecciones (CCE), para años más tarde, ser propuesto para conformar la fórmula presidencial de ARENA, que encabezaba el empresario Alfredo Cristiani. Al alzarse con el triunfo electoral, Merino ocupó la vicepresidencia de la República, de 1989 a 1994.
Tras concluir su período en la vicepresidencia, tomó el camino obvio para exmandatarios y vicemandatarios y partió rumbo al Parlamento Centroamericano (PARLACEN), donde fue su presidente y fungió como diputado titular por cinco años.
En ese período de cinco años, de 1994 a 1999, se dio la ruptura total entre Merino y Cristiani, otrora fórmula presidencial. Merino, junto a otros personajes como Mauricio Gutiérrez Castro, Sigifredo Ochoa Pérez y Antonio Cornejo Arango, cuestionaron abiertamente a los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional de ARENA (COENA) y abandonaron el partido un 5 de enero de 1997, cada quien con rumbo distinto.
El entonces Partido de Conciliación Nacional (PCN) acogió a Merino y con ellos concluiría su período en el PARLACEN, el cual alternaría con suplencias en la Asamblea Legislativa.
El 2000 marcaría el regreso de Merino a la Asamblea postulado por el PCN. A diferencia de su primer período, en el cual representó a San Miguel, esta vez buscó una diputación por San Vicente y logró ser electo. Su regreso a una Curul vendría además con el evento más bochornoso de su carrera.
En agosto de 2000, fue sorprendido en un retén policial mientras manejaba en evidente estado de ebriedad. Cuando los agentes le solicitaron someterse a una prueba de alcoholímetro, el diputado sacó su arma e hirió de bala a uno de los agentes.
Debido a su fuero partidario, Merino no fue llevado a prisión, sino que entregado a la Asamblea Legislativa. Pese a que se quiso seguir un proceso de desafuero contra el pecenista, la idea no prosperó.
Con ese antecedente, Merino volvió a presentarse a otra elección para una diputación, solo que convenientemente, pasó de buscar una Curul en San Vicente y pasó a engrosar la planilla de la extinta Plancha Nacional.
Fue al final de la legislatura 2003-2006 cuando Merino hace un nuevo y definitivo cambio de circunscripción, del cual no ha variado hasta la fecha y le ha asegurado, hasta el momento, un puesto seguro en el Legislativo. Merino decidió correr en 2006 cabalísticamente en el departamento de Santa Ana.
Esa misma elección, marcó el principio de la gestión en la Alcaldía de Metapán, una de las ciudades más importantes de dicho departamento, de Juan Umaña Samayoa, quien ha ganado cuatro elecciones consecutivas con la bandera del PCN (Partido de Concertación Nacional) y que además está vinculado con el Cártel de Texis, una organización de narcotráfico que opera en el noroccidente del país.
En los últimos años, el PCN, el que fuese el partido que respaldó los presidentes militares durante los años 60 y 70, se ha rodeado de una serie de personajes cuestionables por sus vínculos con el narcotráfico y otros ilícitos. Tal es el caso de los exdiputados suplentes Roberto Silva Pereira y Wilver Rivera Monge, ambos condenados por nexos con grupos de narcotráfico.
Asimismo, mantiene en sus filas al diputado por Chalatenango Reynaldo Cardoza, quien enfrenta un juicio civil por supuesto enriquecimiento ilícito.
Los vínculos directos entre Merino y Umaña Samayoa han sido ventilados ampliamente y de manera más reciente por un informante que trabajó directamente con el edil metapaneco.
Dicho informante reveló que en una reunión que se llevó a cabo el 11 de noviembre de 2013, se discutió la compra de la candidatura de Claudia Ramírez, quien entonces era diputada por ARENA. Con su renuncia dejaría el camino libre a Francisco Merino, diputado del PCN, y a quien también vinculan con el Cártel de Texis. La compra de la postulación de Claudia Ramírez habría sido negociada por el alcalde de Metapán, Juan Samayoa, a través de Roberto Pereza.
Juan Umaña Samayoa es un empresario de granos básicos que tiene antecedentes judiciales por contrabando y evasión de impuestos. En los últimos diez años, informes de inteligencia del Estado relacionan a Umaña Samayoa con el Cártel de Texis, el cual lidera JOSÉ Adán Salazar Umaña, alias “Chepe Diablo”.
José Adán Salazar es el único salvadoreño designado por el gobierno estadounidense como capo internacional de la droga. El presidente Barack Obama lo agregó a la lista kingpin el 31 de mayo de 2014.
Adán Salazar es un empresario que pasó de ser cambista de dinero en la frontera entre El Salvador y Guatemala a principios de los años 90, a estar detrás de un gran imperio empresarial con ramificaciones en el mercado de los granos básicos y bienes inmuebles como hoteles y gasolineras.
Este hombre, quien llegó a ser el presidente de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, es señalado además de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.
El gobierno estadounidense vincula a Adán Salazar con el Cártel de Texis, una estructura criminal que controla el trasiego de droga del oriente al occidente de El Salvador. Recientemente el fiscal general Douglas Meléndez afirmó que existe una investigación en contra del empresario, la cual fue engavetada durante la gestión de Luis Martínez, pero que será retomada.
Cuando fue cuestionado sobre el estatus de la investigación de dicho narcotraficante en una entrevista con el periódico La Prensa Gráfica, el entonces Fiscal General, Luis Martínez, evadió el tema, diciendo que ese caso no era más que un caso de difamación y como mucho de evasión de impuestos.
No obstante, un informe interno de uno de los jefes de la Unidad Especial de Investigación con relación al lavado de dinero y narcotráfico de la Fiscalía, el cual iba dirigido al Ex Fiscal Martínez, advertía sobre la prueba indiciaria que las auditorías y las investigaciones efectuadas a Chepe Diablo, a sus socios más cercanos y a sus empresas. Este informe indicaba que los investigados, habiendo tenido amplia oportunidad, nunca pudieron justificar el origen de las cifras millonarias no declaradas encontradas en sus cuentas bancarias.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que Salazar fundó dicho cártel junto a Juan Umaña Samayoa, actual alcalde de Metapán y Roberto Herrera, apodado “El burro”, quien cumple una condena en prisión por delitos de crimen organizado. Estos personajes se habrían aliado para dicho propósito con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, de acuerdo con una investigación del periódico digital El Faro.
Herrera es el principal personero del Cártel de Texis que ha enfrentado la justicia. Este empresario ganadero fue detenido en 2013, en una serie de capturas desplegada por la Policía Nacional Civil (PNC).
El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Adán Salazar, Juan Umaña Samayoa y Wilfredo Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.
Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa GUMARSAL, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.
Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.
Pasados más de 16 años de generados los informes de inteligencia que vinculan a Chepe Diablo y Umaña Samayoa con el Cártel de Texis, ninguno de ellos ha sido procesado por narcotráfico. Expertos en la materia y reportes de prensa señalan que esto se puede deber al nivel de infiltración que Chepe Diablo ha logrado en el estamento de justicia salvadoreño.
De acuerdo con una publicación del rotativo estadounidense El Nuevo Herald de Miami, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.
Una investigación de dicho diario sostiene que Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes.
Dicho trabajo periodístico agrega que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.
La sociedad de Merino con Umaña Samayoa le ha sabido ser muy lucrativa. En 1997, presentó su primera declaración patrimonial en la que declaró propiedades por $1,696, 932.52, deudas por $76,685.71, patrimonio de $1,620, 246.20, ingresos de $65,211.25 y cero de gastos. En 2000 los números se habían movido poco con excepción de las deudas que habían crecido un poco más de medio millón de dólares.
En 2003 volvió a sentarse en una curul con cuentas similares: bienes por $1,925, 137.94; deudas, $125,399.71; patrimonio, $1,799, 737.20; y gastos por $$87,844.65. Tres años más tarde había acumulado en sus bolsillos casi dos millones de dólares.
Si se calcula desde la declaración de 1997 hasta la fecha el patrimonio del pecenista ha crecido $2,253, 410 mientras el valor de sus bienes aumentó $2,351, 172.04. Aparentemente la política no ha sido mal negocio.