Diputados de la Comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa decidieron prorrogar el decreto que contiene las medidas “extraordinarias de seguridad”, que estarían en vigencia hasta el 31 de marzo de 2018.
Hubo ciertas fricciones en la discusión legislativa con relación a la rendición de cuentas de los fondos utilizados por las instituciones encargadas de la seguridad y en priorizar las acciones represivas. Sin embargo, según voceros gubernamentales, las medidas han logrado “revertir” los índices de asesinatos.
El secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, calificó como una “necesidad” la prórroga de las medidas extraordinarias de seguridad, ya que acredita a las acciones una reducción de los asesinatos ocurridos en el país.
Durante el año 2015, El Salvador vivió el año más violento en su historia reciente al registrar una tasa de 103 asesinatos por cada cien mil habitantes, convirtiéndose en uno de los países más violento del mundo.
Las estadísticas y hechos concretos como el asesinato de 11 trabajadores en el cantón Agua Escondida de San Juan Opico, en La Libertad, conmocionaron a la sociedad salvadoreña y a la comunidad internacional, dando origen a las medidas extraordinarias de seguridad.
En el decreto, presentado en marzo de 2015, el gobierno reconoce que «las regulaciones ordinarias son ineficientes». Además, señala que las autoridades penitenciarias no capaces de controlar efectivamente las cárceles.
Estas condiciones, según el decreto, «son aprovechadas por grupos delincuenciales» para ordenar delitos a quienes se les atribuyen más del 50 por ciento de los crímenes ocurridos en el país.
Las medidas extraordinarias
En el decreto contempla 14 medidas extraordinarias de seguridad, entre las que se resaltan:
1. Endurecimiento de condiciones para los miembros de pandillas en el interior del sistema carcelario, logrando el bloqueo de la señal de telefonía móvil. Además, se implementó “el decreto de emergencia” que fue prorrogado por tres meses.
De igual manera, dio paso a la habilitación de tres centros temporales de reclusión en Mariona, Zacatecoluca e Izalco, en ellos se estiman podrían albergar 10 mil privados de libertad.
2. Ordenó el refuerzo de más de mil reservistas de la Fuerza Armada (FAES) en 81 sectores priorizados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Social.
El objetivo era la recuperación territorial. Para ello se hizo el lanzamiento de los grupos conjuntos de Fuerza de Intervención Recuperación de los Territorios (FIRT) y la Fuerza Especiales El Salvador (FES). A quienes se les acredita la mayor cantidad de intercambio de disparos ocurridas el año pasado, en los que fallecieron 603 pandilleros.
Asimismo, contempló la ejecución de la campaña de eliminación de “grafitis pandilleriles”, con el propósito de reducir el “control” territorial de las estructuras delincuenciales. Sin embargo de esto se ha percibido poco.
3. Incremento de bono a los cuerpos de seguridad a 200 dólares y es otorgado de forma trimestral.
4. Implementación de audiencias virtuales, para integrantes de estructuras criminales.
Las medidas planteaban la complejidad del financiamiento para que sea perdurables en el tiempo, por ello se designaron los recursos provenientes de La Contribución Especial a las Telecomunicaciones.
Los apoyos a las medidas
Los primeros en salir al paso fue un conglomerado de iglesias evangélicas y luteranas, quienes acompañados de familiares de pandilleros, solicitaron a la Asamblea Legislativa que no se prorroguen las «medidas extraordinarias» de seguridad en seis cárceles que albergan a mareros.
Ellos alegaron respeto a los derechos individuales de los privados de libertad.
Tres días más tarde, en su habitual conferencia de prensa el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, fue el primero en salir al apoyo medidas «extraordinarias» de seguridad, al decir que «han funcionado y han surtido efecto”, al referirse en la reducción de los índices delincuenciales.
A las voces de apoyo se suman la del Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, quien señaló que es “conveniente” darle continuidad, para reafirmar la reducción de la ola delincuencial.
El dictamen fue firmado por todas las representaciones legislativas, excepto ARENA.
El diputado arenero y ex militar, Mauricio Vargas, señaló que esperan realizar modificaciones para transparentar el mecanismo de revisión del resultado y en el manejo de los fondos que financian dichas medidas, pero agregó que están anuentes a dar sus votos por la prórroga, la cual será del conocimiento del pleno legislativo esta semana para su respectiva aprobación.