El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, confirmó este lunes, que la actual diputada de ARENA y exvicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, está siendo investigada por el delito de enriquecimiento ilícito; sin embargo, la parlamentaria dijo no sentirse preocupada sobre la legalidad de su patrimonio.
“La actual diputada Ana Vilma de Escobar, como vicepresidenta en el periodo 2004 y 2009, está en la lista de personas que se está investigando. Se autorizó por la Corte su investigación, independiente como funcionaria, como vicepresidenta de ese periodo”, dijo González en la entrevista República de canal 33.
El magistrado afirmó que el proceso contra la diputada tricolor está en investigación, por ello, aún no se tiene un monto que posiblemente fue adquirido irregularmente por la funcionaria, el cual será determinado por los informes bancarios, el registro de la propiedad, registro de armas, entre otros documentos que solicitará la Corte Suprema de Justicia a las dependencias del Estado.
“La cantidad final, después de que concluye la sección de Probidad su trabajo y que se escucha al funcionario investigado, es la que pasa a la deliberación de Corte Plena, después del debate se decide lo correspondiente y si se manda a juicio de enriquecimiento ilícito”, aclaró González.
Por su parte, la diputada afirmó no estar preocupada sobre la legalidad de su patrimonio; sin embargo, aclaró que sus bienes no solamente vienen de los 16 años como funcionaria pública.
“Yo no me opongo a que haya investigación. Además no me siento cuestionada, ni me siento preocupada, es parte de lo que debemos hacer todo funcionario público. Que nuestro patrimonio esté a la luz para que no hayan apropiaciones indebidas”, dijo de Escobar en la entrevista Diálogo con Ernesto López de canal 21.
“Mis ingresos y mi patrimonio no proviene solamente de la política. Vienen de que mi esposo tiene 40 años de ser vicepresidente en el grupo Poma y eso es parte del patrimonio familiar”, reiteró la tricolor.
De Escobar aseguró que todo funcionarios debe estar consciente que deber trasparentar sus recursos y ser investigado para confirmar o descartar el cometimiento de algún ilícito.
“Esto es totalmente válido. Yo no me opongo, en lo absoluto, a que haya este tipo de investigaciones. Hay 79 funcionarios, en estos momentos, que se están analizando uno por unos criterios y otro por otros”, concluyó la diputada sobre la investigación en su contra.