El 2017 comenzó con un sorpresivo cambio en el gabinete de gobierno boliviano, luego que se decidiera sustituir a Marcelo Zabalaga de la presidencia del Banco Central y darle paso a Pablo Ramos. El movimiento se hizo oficial el pasado 4 de enero.
El movimiento ha causado desconcierto y ha hecho que la oposición boliviana solicite la investigación de las causas detrás de la remoción de Zabalaga. El Senador de la Unidad Democrática, Oscar Ortiz, cree saber el por qué y pidió al gobierno una investigación para confirmar su versión.
A finales de noviembre, luego que la Asamblea Legislativa aprobara emitir $550 millones en bonos valores del Tesoro al gobierno salvadoreño, para paliar la crisis de liquidez que la llevaba al borde del impago, trascendió la noticia que el gobierno boliviano compró $200 millones en dichos bonos o letras del tesoro (LETES).
El senador Ortiz, según recogen varios medios de prensa bolivianos, no está conforme con el argumento del ministro de Economía, Luis Arce, de que este cambio era de rutina, sino que tiene que ver con la compra de LETES salvadoreños, que el gobierno boliviano quiso pasar desapercibida.
“Informes confiables me confirman que el verdadero motivo de la salida del señor Zabalaga ha sido la comprobación de la veracidad de la denuncia que presenté hace algunas semanas sobre la compra irregular de Letras del Tesoro de El Salvador por parte de nuestro Banco Central con una bajísima calificación que no cumple la norma boliviana para que se inviertan las reservas internacionales en otro país”, sostuvo Ortiz.
Curiosamente, el nuevo presidente del Banco Central de Reserva, Pablo Ramos, afirmó que mantendrá una rigurosa vigilancia de las Reservas Internacionales Netas de Bolivia, las cuales no pasan por sus mejores momentos.
Voceros del gobierno salvadoreño reconocieron que el año cerró sin que se lograra colocar la totalidad de los $550 millones en LETES en el mercado de valores, a través de la banca nacional o el apoyo internacional.
Las emisiones de bonos se convirtieron en una urgencia para el gobierno salvadoreño, luego que el presidente Salvador Sánchez Cerén, anunciara en octubre de 2016 la declaratoria de un estado de emergencia por la crisis de caja del gobierno, la cual pudo haber llevado al país a caer en impago.
Las condiciones para la redención de fondos por parte del gobierno salvadoreño, no son las más auspiciosas. La calificadora de riesgo crediticio, Moody’s, situó la calificación de los bonos salvadoreños en noviembre pasado, en “B3”, por las dificultades que presenta el Estado para honrar los compromisos con sus acreedores.
El 2017 empezó para El Salvador con la falta de un presupuesto general de la nación, debido a que no existieron los consensos necesarios en la Asamblea Legislativa para aprobarlo, y lo que ha obligado al gobierno a funcionar con el presupuesto de 2016.