La Cámara Primera de lo Civil de San Salvador avaló el juicio civil contra Elmer Charlaix, exsecretario Privado de la Presidencia durante la administración de Elías Antonio Saca, quien no supo justificar una suma de $18,7 millones de excedente en su declaración patrimonial.
Dicha instancia también emplazó a la esposa del exfuncionario, Maria Arlene Rivas, quien por su parte no justificó un incremento patrimonial de casi $164,000. Ambos tienen 20 días hábiles para presentarse a la audiencia preparatoria.
El pasado 13 de octubre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de analizar un examen de la Sección de Probidad, ordenó el juicio civil contra Charlaix, a la vez que exigió el congelamiento de sus cuentas bancarias, así como la anotación preventiva de bienes inmuebles y restricción de transferencia de propiedad de una serie de acciones en distintas propiedades.
La Sección de Probidad de la CSJ encontró que Charlaix no justificó un aumento patrimonial de $18,767,445.84 evidenciado en su declaración patrimonial, así como amortizaciones de diversos créditos hipotecarios y tarjetas, de los que no se tiene rastro del origen del dinero.
De acuerdo con el examen de Probidad, durante la gestión de Saca se libraron cheques desde cuentas institucionales de la Presidencia a diversas personas naturales. La mayoría de estos cheques eran depositados en cuentas de Elmer Charlaix.
De dichas cuentas, agrega un comunicado de la CSJ, $5,878,686.23 fueron a parar a las cuentas de Charlaix, mientras que $15,056,249 se depositaron a nombre de Elías Antonio Saca.
Otros beneficiados por esta emisión de cheques procedente de cuentas presidenciales, son el exsecretario de Comunicaciones de la presidencia de Saca, Julio Rank, el expresidente del Consejo Ejecutivo Nacional (COENA) del partido ARENA, José Antonio Salaverría; el exdiputado arenero, Cesar Reyes Dheming; y el expresidente de ANDA, Cesar Funes. Además se habrían emitido cheques a favor del partido ARENA, por un monto de $400 mil.
En su adenda, Charlaix explicó que este dinero provino de fondos públicos obtenidos a raíz de un acuerdo del presidente Saca, quien lo autorizó a manejar gastos reservados y secretos, relacionados con la inteligencia del Estado.
El exsecretario Privado justificó que el fin de ese dinero era «secreto de Estado» y que las acciones efectuadas con dichos fondos fueron totalmente legales, ya que los criterios para el control de las partidas de gastos imprevistos fueron declarados inconstitucionales a principios de la gestión de Mauricio Funes.
No obstante, la Sección de Probidad no constató la existencia de los acuerdos mencionados por Charlaix, pese a solicitar información en Casa Presidencial y el Diario Oficial. Por lo tanto, la Corte Plena consideró que los atenuantes de Charlaix son de dudosa existencia y que además excedieron las facultades del Órgano Ejecutivo.
Charlaix enfrenta además un proceso penal junto al expresidente Elías Antonio Saca, Julio Rank, Cesar Funes y otros funcionarios por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ellos guardan prisión en el centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, a la espera de su audiencia preliminar.