Como nunca antes en la historia de la aprobación de los presupuestos generales de la nación, la transferencia de dinero público a organizaciones no gubernamentales (ONG) ha provocado revuelo en la sociedad, principalmente en aquellos que pueden manifestarse en las redes sociales.
En el presupuesto general de la nación para este año, aprobado el pasado miércoles en la Asamblea Legislativa, se asignan de manera directa más de 22 millones de dólares para repartirse en ONG de diversa índole, entre las que se encuentran universidades privadas, organizaciones feministas, ambientalistas y otro tipo de entidades de beneficencia.
En el dictamen aprobado con las voluntades de 48 diputados, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa estableció además unas recomendaciones al Ministerio de Hacienda, para que el dinero proveniente de unos ajustes presupuestarios sea transferido, tanto a obras públicas, como a más fundaciones privadas.
Un total de $22,534,899, recortado de los presupuestos del Ministerio de Hacienda y la Corte de Cuentas de la República, adicionales a las transferencias directas a ONG, serían repartidos por recomendación de la Asamblea Legislativa a más entidades privadas.
Diputados de la fracción de ARENA, la cual no votó por el presupuesto, no perdieron ocasión para cuestionar esta práctica y señalar que algunas de las entidades beneficiadas, están ligadas al oficialista partido FMLN.
Esta fue una de las reacciones del legislador arenero, René Portillo Cuadra.
Se da lectura a más de 60 ONGs que recibirán dinero del presupuesto de la nación. Muchas de ellas vinculadas al fmln.
— René Portillo Cuadra (@rene_cuadraHdez) January 19, 2017
Por su parte, el también diputado del partido tricolor, Ernesto Muyshondt, compartió la lista de algunas de las organizaciones contempladas en la asignación de fondos por parte del Estado.
El cuestionamiento de los diputados apunta a que en dicho presupuesto, se asignan fondos a fundaciones privadas, cuando se pudo reforzar con el mismo dinero el presupuesto de la Fiscalía General de la República, o dotar de recurso al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, para pagar pensiones a los militares retirados.
En diciembre pasado, la organización Acción Ciudadana denunció esta práctica ante la Corte de Cuentas de la República y solicitó al ente contralor auditar el mecanismo que la Asamblea Legislativa usa para destinar recursos recortados de los presupuestos generales de la nación de 2015 y 2016 a organizaciones no gubernamentales.
La entidad civilista sostiene que el Legislativo no justificó ni demostró los criterios a partir de los cuáles consideró que existió utilidad pública para proceder al otorgamiento de estos fondos para las ONG.
La Corte de Cuentas, por su parte, admitió la demanda y dijo que supeditará este mecanismo de transferencias a ONG.
La organización civilista que denunció esta práctica, sostuvo que hay entidades privadas que aparecieron en los listados de los presupuestos de años anteriores como beneficiarios de cooperación, que no han recibido nada por parte del Estado.