El movimiento Democracia Limpia pidió este miércoles a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de Casa Presidencial, que detalle sobre los sobresueldos otorgados a funcionarios públicos desde 1989.
Dicha práctica, rumorada desde hace muchos años y confirmada en noviembre pasado por investigaciones de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, debe ser del conocimiento de la población, según resolvió recientemente el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Los solicitantes de la información hicieron ver que al menos dos exfuncionarios han reconocido haber recibido compensaciones monetarias adicionales a lo que estipula la Ley de Salarios, durante el gobierno de Mauricio Funes.
Una de esas personas es la exministra de Salud durante el gobierno de Funes, María Isabel Rodríguez, quien en una entrevista radial en noviembre pasado admitió que fue varias veces a Casa Presidencial a recibir sobresueldos.
Por otra parte, el exfiscal general, Luis Martínez, afirmó en una adenda enviada a la Sección de Probidad de la CSJ, que recibió sobresueldos de entre $10,000 y $20,000 por parte de Casa Presidencial, durante los gobiernos de Funes y Salvador Sánchez Cerén, con los que habría cubierto los gastos originados por una tarjeta de crédito que usó para comprar en establecimientos de lujo a nivel internacional.
Emisarios del gobierno de Sánchez Cerén han negado que se continúe con la práctica de sobresueldos e incluso han llegado a exigir a los magistrados del Órgano Judicial a que entreguen pruebas de sus acusaciones.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, señaló que, independientemente el origen de esta práctica, es “antiético e ilegal” y que puede constituir el delito de malversación de fondos que tipifica el Código Penal.
“Todo gasto que se paga de los fondos públicos necesita respaldos legales. Ningún presidente o secretario privado tiene facultad legal para regalar dinero no respaldado en la Ley de salarios”, sostuvo el magistrado.