La audiencia para demostrar si el expresidente Mauricio Funes incurrió o no en enriquecimiento ilícito durante su gestión, la cual estaba pautada para el 4 de enero, ha sido reprogramada para el 17 de enero, según fuentes de la Fiscalía General de la República.
Los magistrados de la Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro decidieron reprogramar la diligencia, debido a peticiones de los abogados defensores, quienes informaron la imposibilidad de estar presentes el 4 de enero, porque coinciden con otras audiencias que ya tenían programadas.
En la acusación civil presentada por la Fiscalía, también se contempla a la exprimera Dama y actual secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato. La causa se originó luego de una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en pleno que declaró la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito al no justificar un incremento patrimonial de más de $700,000.
En detalle, se le achaca al expresidente un aumento patrimonial no justificado de $552,669, mientras que la exprimera dama, en calidad de cónyuge, canceló seis cuentas con $57,060 cuya procedencia de los fondos es desconocido y Diego Funes es demandado por la cantidad de $118,600, monto que presuntamente utilizó para la compra de vehículos.
El pasado 15 de noviembre, la Cámara suspendió la anterior audiencia probatoria debido a que el plazo para entregar el peritaje financiero de los imputados venció hasta la última semana de noviembre. La Cámara confirmó que el peritaje con la información solicitada ya fue presentado.
En audiencia preparatoria realizada en septiembre pasado, la Cámara decidió nombrar el perito de la Superintendencia del Sistema Financiero para determinar los ingresos y los gastos de los investigados. Asimismo, si a las cuentas de Mauricio Funes ingresaron más de $600,000 provenientes de fondos recolectados por el movimiento “Amigos de Mauricio” que apoyó al exfuncionario durante la campaña presidencial.
Además, el perito tendrá que determinar el origen del dinero que el expresidente recibió de las empresas Agrosuministros y Multimedia, ambas S.A de C. V, y esta última, ligada al expresentador de noticias Jorge Hernández.
Durante la gestión presidencial, Funes y su exesposa Vanda Pignato, pagaron créditos adeudados por un monto superior a los $221,000, generando además un ahorro de $150,000. De acuerdo con los fiscales del caso, con los haberes y obligaciones que tenían Funes y Pignato como núcleo familiar, es inconcebible que lograran tal ahorro.
El tema de las armas también fue parte de la resolución de la audiencia preparatoria de la Cámara y el exgobernante tendrá que explicar cuántas armas compró durante su mandato y de dónde tomó el dinero para adquirir las mismas.
Además de este proceso, el exmandatario es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, malversación y negociaciones ilícitas, que ocurrieron durante su mandato.
Funes, su actual pareja Mitchell Guzmán y tres de sus hijos viven en Nicaragua con asilo político, después que el ex mandatario manifestara que existe un plan para atentar en contra de su vida y de sus familiares.
Recientemente, la misma Cámara que conocerá el caso de Funes, declaró culpables a Leonel Flores, exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y a su esposa Karina de Flores por enriquecimiento ilícito debido a que no lograron justificar la obtención $812,742, los cuales deberán devolver.