La organización Acción Ciudadana pidió el pasado miércoles a la Corte de Cuentas de la República que audite el mecanismo que la Asamblea Legislativa habría usado para destinar recursos recortados de dos Presupuestos Generales de la Nación a Organizaciones No Gubernamentales.
Este jueves, la Corte de Cuentas anunció que auditará a la Asamblea por los hechos denunciados en el escrito presentado por Acción Ciudadana.
De acuerdo con la denuncia, basada en dictámenes favorables emitidos por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, una serie de fundaciones privadas habrían recibido en 2015 y 2016, fondos para proyectos por un total de $14,728,379, los cuales salieron de los presupuestos generales de dichos años.
La entidad civilista sostiene que el Legislativo no justificó ni demostró los criterios a partir de los cuáles consideró que existió utilidad pública para proceder al otorgamiento de estos fondos para las ONG’S.
De tal modo que Acción Ciudadana pidió el concurso del orden contralor, por considerar que la fiscalización del uso del presupuesto general es competencia de la Corte de Cuentas; además de eso, se le pidió que establezca si dicho criterio de redirección de fondos es o no legal.
Según los dictámenes citados por Acción Ciudadana, en el presupuesto de 2015 la Asamblea decidió cortar un poco más de $10.2 millones de lo que se iba a destinar a la Corte Suprema de Justicia y $14 millones de lo originalmente dirigido al Ministerio de Hacienda.
De los cerca de $24.2 millones recortados a ambas carteras, la Asamblea habría distribuido $5,436,350 a un total de 48 organizaciones, entre fundaciones de beneficiencia, ambientalistas, promotoras de las artes e incluso iglesias de diversas denominaciones.
Algunas de las organizaciones que recibieron fondos públicos, según la denuncia de Acción Ciudadana.
Para ello, el Órgano Legislativo distribuyó el dinero entre entidades públicas como el FISDL, el INDES, la Presidencia de la República y los ministerios de Hacienda, Salud y Medio Ambiente. Estos a su vez redestinaron el dinero en forma de donaciones.
La práctica no habría terminado ahí, ya que para el presupuesto general de 2016, se volvió a recortar presupuesto encaminado a la Corte Suprema de Justicia, esta vez, un poco más de $14.4 millones, de los que se tomó casi $9.3 millones para distribuirlos de la misma forma.
Con lo recortado al presupuesto de 2016, habrían sido beneficiadas más de 90 asociaciones de diferente índole, afirma la denuncia presentada a la Corte de Cuentas, a la cual tuvo acceso Diario1.
Una de las organizaciones que admitió haber recibido fondos de la Asamblea fue el Foro para la Salud. Al respecto, la coordinadora de esta organización, Margarita Posada, justificó a la prensa que solo una vez recibió fondos por parte de la Asamblea.
Pero hay otras organizaciones que alegaron no haber recibido nada por parte de la Asamblea. Representantes de Acción Ciudadana confiaron a Diario1 que la Fundación Pro-Basket Quique Samour, la cual aparece en el listado de beneficiarios con $700,000 recibidos, llamó para negar haber recibido fondos por parte de la Asamblea.
A través de su cuenta de Twitter, Acción Ciudadana informó que siguen recibiendo llamadas de organizaciones que aparecen en dicho listado, pero que nunca recibieron donativos.,
La organización que interpuso la denuncia considera que estos movimientos, contrarían el artículo 86 de la Constitución, que dice: “El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas”.