La Asamblea Legislativa desaforó este lunes, con 43 votos, al exministro de Defensa y actual embajador de El Salvador en Alemania, Atilio Benítez, quien es acusado por la Fiscalía de actos arbitrarios, estafa y tenencia, portación o conducción irresponsable o ilegal de armas de fuego.
Según los parlamentarios, hay lugar a formación de causa para investigar al exfuncionario quien fue Ministro y Viceministro de Defensa entre 2009 y 2014.
En julio pasado, la Fiscalía solicitó a la Asamblea Legislativa abrir un proceso de antejuicio en contra del diplomático, debido a que falsificó documentos para inscribir y legalizar al menos 30 armas de fuego durante su gestión como ministro de Defensa.
El Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, afirmó que el exministro se amparó en el Decreto Legislativo de fecha 9 de mayo de 2009, que le permitió legalizar armas de grueso a personas particulares en un período de gracia de 45 días. El funcionario indicó que Benítez vendió algunas armas y que otras acabaron de una forma u otra en comercio ilícito.
La Asamblea Legislativa creó la comisión de antejuicio a finales de agosto y realizó diferentes entrevistas a testigos en favor y en contra del diplomático.
«Nosotros en este caso estaríamos considerando quitarle el fuero para que demuestre inocencia en tribunales», afirmó Mario Ponce, diputado del Partido de Concertación Nacional (PNC).
Durante su intervención en la sesión especial que conoció este caso, el embajador Benítez aseguró que la resolución de los diputados lo tomó por sorpresa y que acatará el veredicto para responder por los delitos que se le imputan ante la justicia.
«Los hechos que se me atribuyen supuestamente se dan cuando yo fungía como viceministro de Defensa. Agradezco a los diputados por el tiempo que han dado a mi caso y al profesionalismo con el que lo han estudiado», manifestó.
David Munguía Payés, Ministro de Defensa, dijo que Benítez enfrentará a la justicia pero consideró que la resolución fue politizada.
«Como siempre vamos a respetar las decisiones que tomen los órganos correspondientes cuando se dan este tipo de casos. Cuando estos casos se politizan, no se puede confiar en la justicia. Eso puede verse en los argumentos y al momento de emitir los votos», indicó el funcionario.