Una pieza de correspondencia conocida en la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea Legislativa cuestiona que casi 11 meses después de la entrada en funciones del nuevo Fiscal General, Douglas Meléndez, no ha emprendido acciones contra el cabecilla de el Cartel de Texis, José Adán Salazar, conocido como Chepe Diablo.
En la pieza, presentada el pasado 24 de noviembre, Ángel Enrique García Ramírez solicita abrir un proceso de antejuicio contra el Fiscal General Douglas Arquímedes Meléndez, electo en el cargo el 6 de enero del presente año.
García Ramírez le adjudica al Fiscal General la conducta de “incumplimiento de deberes” contemplada en el artículo 321 del Código Penal. Esta conducta, según argumentó el solicitante, no consiste solo en “la mera no actividad, sino en el no ejecutar una acción posible de ser realizada”.
El incumplimiento de deberes que señala García en su pieza de correspondencia por parte del fiscal, es el no emprender acciones legales contra José Adán Salazar, apodado Chepe Diablo, un empresario que desde el 30 de mayo de 2014 fue designado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dentro de la lista de personas bajo la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, conocida como “lista Kingpin”.
Carta enviada al Congreso por el presidente de EE.UU., Barack Obama, en la cual desiga a tres personas como capo del narcotráfico, entre ellas José Adán Salazar (Chepe Diablo).
Salazar, quien ha diversificado sus negocios al rubro hotelero y de granos básicos, es según la pieza de correspondencia, el principal señalado por el Ministerio de Justicia y Seguridad de liderar el cartel de Texis, organización que controla el trasiego de droga en el oriente del país, y que de acuerdo con informe de inteligencia, mantiene vínculos con grupos delictivos de la misma índole en Guatemala.
La persona descrita por García comparte la lista Kingpin con narcotraficantes de la talla del mexicano Joaquín Guzmán Loera “el Chapo”, líder del cartel de Sinaloa; y con el temido cartel de Los Zetas.
La decisión del presidente Obama, cita la pieza de correspondencia, se basó en los reportes de la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC), una dependencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo cual surge de un largo seguimiento contra el empresario, además que abre la puerta para que diversas empresas estadounidenses le den persecución, al igual como lo han hecho contra otros capos de la droga en países como México.
Este hombre, quien llegó a ser el presidente de la Liga Mayor de Fútbol salvadoreño, es señalado además de tener una sociedad desde hace 16 años con el vicepresidente Oscar Ortiz, sobre la cual el vicemandatario dice que ya lleva varios años de estar inactiva.
Foto de referencia, Archivo.
Recientemente el fiscal Douglas Meléndez afirmó que existe una investigación en contra del empresario, la cual fue engavetada durante la gestión de Luis Martínez, pero luego de casi 11 meses en el cargo, no ha procedido con las respectivas diligencias contra el señalado.
Ante la inacción del fiscal, el exagente de la de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), ha cuestionado formalmente esta actitud por parte de Meléndez. Durante su período destacado en el país, Dalton siguió en detalle las acciones del Cartel de Texis, sin conseguir que las autoridades se interesaran en emprender acción.
“Lamentablemente ha guardado silencio y no se ha pronunciado mi tomado acciones en contra de dicha organización criminal”, afirma el ex agente de la DEA. Y agrega que Douglas Meléndez tampoco ha anunciado una investigación para deducir responsabilidades tanto del anterior Fiscal General de la República, Luis Martínez, ni de su actual asesor del despacho Rodolfo Delgado, personajes a quienes Dalton ha acusado de tener vínculos con el Cartel de Texis.
Cuando fue cuestionado en sobre el estatus de la investigación de dicho narcotraficante en una entrevista con el rotativo La Prensa Gráfica, el entonces Fiscal General, Luis Martínez, evadió el tema, diciendo que ese caso no era más que un caso de difamación y como mucho de evasión de impuestos.
Adán Salazar, mejor conocido como «Chepe Diablo». Foto D1, Archivo.
No obstante, según un informe interno de uno de los jefes de la Unidad Especial de Investigación con relación al lavado de dinero y narcotráfico de la Fiscalía, el cual iba dirigido al exfiscal Martínez, advertía sobre la prueba indiciaria que las auditorías y las investigaciones efectuadas a Chepe Diablo, a sus socios más cercanos y a sus empresas indicaban lavado de dinero proveniente de actividades que los investigados habiendo tenido amplia oportunidad de justificar nunca pudieron justificar el origen lícito de las cifras millonarias no declaradas encontradas en sus cuentas bancarias.
Informes de inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que Salazar fundó dicho cartel junto a personalidades del mundo empresarial local como Juan Umaña Samayoa, actual alcalde de Metapán y Roberto Herrera, apodado “El burro”, quien cumple una condena en prisión por delitos de crimen organizado. Estos personajes se habrían aliado para dicho propósito con diputados, policías, alcaldes y pandilleros de la zona noroccidental de El Salvador, de acuerdo con una investigación del periódico digital El Faro.
El 8 de abril del 2014, la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de la Fiscalía ordenó el allanamiento de 17 inmuebles propiedad de Salazar Umaña, Umaña Samayoa y Wilfredo Umaña Guerra, presidente de Gumarsal, entre estas varios hoteles, empresas, sociedades y viviendas, tras haberlos vinculados a una investigación por evasión de impuestos, y lavado de dinero y activos.
Entre los locales allanados figuró el Hotel Capital, hoteles Tolteca y San José; tres despachos contables, la empresa GUMARSAL, gasolinera Bolívar e inmuebles ubicados en residencial Cumbres de Esmeralda y Joya de la Montaña.
Esta investigación logró determinar que la empresa Agroindustrias Gumarsal evadió 1 millón 135 mil 809 dólares en impuestos. Por lo que Umaña Guerra y Umaña Samayoa fueron declarados culpables por dicha evasión, pero, para evitar la cárcel, se acogieron al beneficio de pagar la mencionada cantidad.
Pasados más de 16 años de generados los informes de inteligencia que vinculan a Chepe Diablo y Umaña Samayoa con el Cártel de Texis, ninguno de ellos ha sido procesado por narcotráfico. Expertos en la materia y reportes de prensa señalan que esto se puede deber al nivel de infiltración que Chepe Diablo ha logrado en el estamento de justicia salvadoreño.
De acuerdo con una publicación del rotativo estadounidense El Nuevo Herald de Miami, el dinero de Adán Salazar ayudó a infiltrar instituciones estratégicas de la justicia y del control financiero de El Salvador para extender y proteger su emporio criminal de “blanqueo” de capitales con millonarias inversiones en rubros energéticos, turísticos y agropecuarios.
Una investigación de dicho diario sostiene que Chepe Diablo estableció estrechos contactos con autoridades de alto rango del gobierno del presidente Mauricio Funes, quien gobernó desde 2009 hasta 2014, en las instancias ejecutivas estatales de las contralorías financieras, bancarias y hacendarias, con lo que evitó ser perseguido y encarcelado e intentó blindar su entarimado empresarial mafioso. Las maniobras habrían ocurrido a espaldas de Funes.
Dicho trabajo periodístico agrega que el Cártel de Texis se constituyó en proveedor de servicios de los cárteles mexicanos de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas, lo cual ayudó a Salazar a construir una tarima con una fachada de compañías agropecuarias, turísticas y de venta de combustibles para blanquear dinero en instancias financieras salvadoreñas, y con respaldo de políticos salvadoreños ubicados en sitios claves del poder nacional o regional.
El incumplimiento de deberes es una de las causales por la cual el Fiscal General puede ser removido de su cargo por la Asamblea Legislativa, de acuerdo con la Ley Interna de la Fiscalía. También el artículo 236 de la Constitución habla que los fiscales generales deben responder al Órgano Legislativo por las faltas que cometa, sostiene el peticionrio del antejuicio en su pieza de correspondencia.
Dado que solo el fiscal general puede avalar antejuicios, el pedido entregado a la Asamblea Legislativa será conocido por el Fiscal Adjunto.
